La transitoriedad, estado en el que, paradójicamente, se ha mantenido durante casi un año, a las instituciones que conforman la función de transparencia y control social desde la conformación de CPCCS-T representa no solo la crisis de la institucionalidad democrática de la Nación en términos teóricos, sino que ha impuesto de facto un régimen en el que lo transitorio es sinónimo de incertidumbre, improvisación e incostitucionalidad.
Refrendando su actuación en una interpretación antojadiza y desproporcionada del mandato popular expresado en la Consulta de febrero de 2018, el organismo liderado por Trujillo no ha hecho sino desconstituir la función y orientar a sus diferentes personeros en una dinámica de parcialización y persecusión contra todo lo que para ellos supone el mínimo atisvo de “correísmo”, que no es más que el pretexto desde el cual se aniquila cualquier mecanismo de promoción de la participación y el control social.
Encargado, del encargado del encargo… suena complejo, pero adviene en real y trágico. Todas las autoridades de la función de transparencia, en una especie de realidad orweliama, representan el antogonismo de la responsabilidad de se supone desempeñan. Opacidad de funcionamiento y sombrías intenciones se revelan en el accionar de la contraloría, la Fiscalía, las superintendencias, etc.
Concursos basados en la alcurnia de los apellidos y la deshonrosa honorabilidad ganada a punto de sumisión a los poderes fàcticos resume los procedimientos mediante los cuales se han nombrado y desnombrado autoridades. Una Corte Constitucional vacante y su concurso interpelado por los propios miembros de la comisión de selección de los futuros jueces. Una judicatura que desdice sus discurso de respeto hacia los administradores de justicia y un largo etc de situaciones que han menoscabado profundamente ls credibilidad y operstividad de las instituciones.
Caso especial de consideración por la coyuntura, supone el CNE. Después de un encargo a dedo, que para variar fue prorrogado, tuvo como consecuencia la modificación del calendario electoral. Situación que atenta gravemente contra el proceso democrático para la renovación de autoridades locales. Más aún, la selección definitiva de consejeros del CNE culminó igual que como inició, mal. Una primera sesión que culminó con Atamaínt como Presidenta del Organismo en medio de las críticas de dos de sus 5 integrantes inauguró al CNE actual. No obstante los problemas no han cesado, y más bien lo cesado han sido varios de los delegados provinciales, entre los que destaca el Delegado de Azuay quien fue “agradecido por sus funciones” ante su negativa de admitir pretensiones ilegales del socialcristianismo de la provincia.
Recientemente ha circulado un comunicado en el que funcionarios del CNE rechazan la actuación de los consejeros y anuncian la creación de un sindicato de la institución como mecanismo para defenderse de las arbitrariedades en materia laboral con las que pretenden depurar a cualquier trabajador que exprese la mínima crítica a la improvisación e imposiciones con la que se maneja la entidad que arbitra el proceso electoral.
Así las cosas, los próximos comicios carecen de cualquier tipo de legitimidad y dejan un rastro lúgubre de incertidumbre respecto al correcto desempeñi del CNE y por lo tanto la más que legítima duda cuidadana respecto a la transparencia con la que deberían llevarse las elecciones.
A esto se suman las operaciones por debajo de la mesa que desde Carondelet se ejecutan para beneficiar a sus candidatos, que ni siquieran son los candidatos cobijados en lo que queda de AP.
A ese escenario nos enfrentamos y ante esta situación se ratifica la necesidad de que sea la respuesta ciudadana la única opción para restablecer un mínimo orden democrático. Con una izquierda que no aparece en la papeleta, salvo contados y excepcionales casos, la tarea debe desarrollarse necesariamente en la organización social y en la acción unitaria.
