Hoy más que nunca, se trata de recuperar la dignidad de la política y de reconstruir un proyecto de país que represente verdaderamente los intereses de las y los trabajadores.
Tras las elecciones legislativas en Ecuador, muchos esperaban que la Asamblea Nacional se configure como un contrapeso frente al avance neoliberal del gobierno de Daniel Noboa. Se pensaba que fuerzas como la Revolución Ciudadana (RC) o Pachakutik (PK) representarían un bloque de oposición, sin embargo los hechos demostraron otra cosa: una mayoría legislativa se consolidó con el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN), varios independientes y un facción de PK, articulando lo que hoy puede denominarse con claridad: el bloque legislativo de la traición.
Estos asambleístas, elegidos con el mandato de defender los derechos del pueblo y fiscalizar el poder, han claudicado ante la agenda gubernamental y los intereses del capital. Lejos de frenar las políticas neoliberales y el desmantelamiento institucional, han sido correa de transmisión de un gobierno que busca concentrar el poder, debilitar el Estado y entregar la soberanía nacional.
Uno de los actos más graves de este entreguismo es el respaldo a la presencia de bases militares extranjeras, una decisión que atenta directamente contra la soberanía del país. No se trata de cooperación técnica: se trata de ceder territorio, dar inmunidad a tropas extranjeras y subordinar la política de seguridad nacional a intereses ajenos. La historia de la base de Manta, que no redujo el narcotráfico y dejó denuncias graves como la promoción del turismo sexual, demuestra que estas decisiones benefician a las potencias, no al pueblo ecuatoriano.
En nombre de una supuesta “gobernabilidad”, esta mayoría ha aprobado leyes regresivas: condonación de intereses a grandes deudores del SRI, reforma de la LOSEP que vulnera la estabilidad laboral y elimina garantías mínimas, o el endurecimiento de las penas contra adolescentes, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño. En todos los casos, el resultado es el mismo: más precariedad, más criminalización, más poder para la élites económicas.
Uno de los golpes más duros ha sido la aprobación de la ley de inversiones extranjeras, que abre la puerta a la privatización de sectores estratégicos como energía e infraestructura y áreas protegidas. Es una entrega directa de los recursos del país al capital transnacional, sin garantías de soberanía ni beneficio para la población.
Frente a esta ofensiva, no basta con la denuncia pública. Estamos ante una crisis profunda de representación y de proyecto político. Por eso, este momento histórico exige algo más que indignación: exige organización y unidad.
Es urgente replantear el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, más allá de reformas antidemocráticas impuestas al Código de la Democracia. Necesitamos cuadros ideológicos y programáticos con compromiso real con las luchas populares, capaces de actuar con consecuencia en las instituciones y en la calle.
Urge construir además, una fuerza electoral de clase, que aglutine a la izquierda, que recupere el horizonte socialista, y que sea capaz de disputar la hegemonía no solo en lo parlamentario o institucional, sino también en el plano de la movilización social y la acción directa contra el neoliberalismo.
Hoy más que nunca, se trata de recuperar la dignidad de la política y de construir un proyecto de país que represente verdaderamente los intereses de las y los trabajadores.
