Frente al cerco imperial, la unidad no es solo una consigna: es una condición para la supervivencia regional como sujeto histórico. La autodeterminación de los pueblos no puede limitarse a gestos simbólicos ni a reformas parciales. Requiere una arquitectura política capaz de sostener la soberanía en todos los frentes: económico, política, militar, cultural, ambiental.
La configuración del panorama político en América Latina nunca ha sido el mero resultado de condiciones internas. Como bien enseña la dialéctica histórica, las contradicciones nacionales se expresan como momentos específicos de una estructura más amplia de conflictos globales. En este sentido, la región debe ser comprendida como parte de una disputa geopolítica más profunda, dónde el imperialismo estadounidense sigue jugando un rol central, articulando alianzas, desestabilizaciones, políticas de cooptación que buscan asegurar su influencia estratégica frente al avance de polos emergentes como China y el bloque BRICS+
La actual ofensiva imperial tiene un componente híbrido: combina presiones diplomáticas, intervención militar encubierta, guerra mediática y manipulación jurídica. Pero también se vale de dispositivos internos: sectores empresariales que más allá de sus retórica “anticasta” o “anticorrupción”, operan funcionalmente como herramientas del capital transnacional. Su objetivo no es otro que profundizar la descomposición del Estado social y abrir camino a nuevas olas de privatización, desregulación y suborninación económica.
La evidencia es contundente. En Ecuador, por ejemplo, el alineamiento del gobierno de Daniel Noboa con la agenda del Comando Sur de EE.UU. ha derivado en la firma de acuerdos de cooperación militar marítima, cesión tácita de espacios estratégicos como las Islas Galápagos, y el desmantelamiento progresivo de la autonomía territorial. En Perú, el golpe contra Pedro Castillo en 2022 no solo selló la ruptura institucional interna, sino que respondió también al interés geoestratégico de Washington de frenar la expansión de la inversión china, particularmente en la zona del nuevo mega puerto de Chancay. La instalación de la base aérea de El Pato, bajo la excusa de cooperación aeroespacial, cierra este triángulo de presión imperial junto con la base de Gorgona en Colombia, a su vez resistida por comunidades afrodescendientes y movimientos sociales.
Esta militarización regional tiene como horizonte el control del eje del Pacífico sudamericano, vital para los flujos logísticos globales y particularmente para el corredor comercial interoceánico que busca conectar el Atlántico y el Pacífico a través de Amazonía. Que el proyecto original de esta ruta haya tenido como epicentro el Ecuador — con una salida proyectada entre Manabí y Esmeraldas — no es menor: su desplazamiento a Perú y Brasil fue geopolíticamente inducido.
Frente a este panorama, el campo progresista ha mostrado límites estructurales. Si bien varios gobiernos han logrado contener parcialmente la avanzada neoliberal en las décadas pasadas, en la mayoría de los casos no han logrado modificar las estructuras profundas de acumulación ni reducir la dependencia del capital transnacional. Se trata de una paradoja del progresismo: sus políticas del bienestar no se sostienen sobre una base de poder popular autónomo y organizado, sino sobre la temporalidad de los ciclos electorales. En ausencia de un tejido social robusto, los avances en materia de derechos son fácilmente desmontables cuando las derechas retornan al poder.
La actual “batalla cultural” emprendida por los sectores de extrema derecha tiene como objetivo precisamente deslegitimar toda forma de redistribución, justicia social y memoria histórica, reduciendo el debate público a una polarización artificial entre “progresismo fracasado” y “libertad de mercado”. Esta narrativa no solo despolitiza la desigualdad, sino que legitima reformas antidemocráticas, regresivas y autoritarias.
En este contexto, la construcción de una agenda democrática y emancipatoria sigue siendo no solo posible, sino necesaria. Pero requiere un cambio cualitativo en la organización política de las fuerzas de izquierda: es urgente avanzar hacia una reconfiguración de los partidos y movimientos con proyecto histórico, capacidad territorial y vocación de poder. La región necesita un nuevo ciclo de convergencia democrática de las izquierdas, basado no en una sumatoria electoral oportunista, sino en un horizonte estratégico compartido: soberanía, justicia social, defensa del territorio, integración regional y transición económica. Esto implica disputar el plano institucional, pero también reconstruir la movilización social como fuerza de presión y legitimidad política.
Frente al cerco imperial, la unidad no es solo una consigna: es una condición para la supervivencia regional como sujeto histórico. La autodeterminación de los pueblos no puede limitarse a gestos simbólicos ni a reformas parciales. Requiere de una arquitectura política capaz de sostener la soberanía de todos los frentes: económico, político, militar, cultural y ambiental.
