El neoliberalismo como sistema económico ha demostrado ser incompatible con los principios democráticos sobre los que se construye la república, contradicción que se ha profundizado en el siglo XXI y que nos ha hecho testigos del fortalecimiento de regímenes autoritarios que no tienen reparo en utilizar la institucionalidad del Estado y las fuerzas de seguridad en contra de cualquier adversario o agrupación política que establezca oposición a las políticas de menoscabo de derechos económicos y políticos o a la cesión de la soberanía nacional.
En el caso ecuatoriano, en el gobierno de Lenín Moreno (a pesar de haber triunfado con el respaldo de sectores democráticos, progresistas y revolucionarios, en consonancia con un programa de gobierno que proponía el fortalecimiento de la propuesta política de la “Revolución Ciudadana” y la autocrítica necesaria para la continuidad del proyecto político) su gestión no solo no cumplió con su propuesta electoral, sino que terminó asumiendo la propuesta política de la derecha bancaria y empresarial, desmontando aquellos logros básicos producto del proceso constituyente y su desarrollo normativo y político por el gobierno anterior.
Ante esta situación, es menester partir del hecho de que la democracia es la base desde la que se vuelve posible el desarrollo de un proceso de recuperación de derechos sociales y de estabilidad política y económica. En ese sentido, El Partido Comunista Ecuatoriano manifiesta su adhesión a la candidatura del Economista Andrés Arauz y su binomio Carlos Rabascall, en virtud de un entendimiento programático que incluye los siguientes puntos a ser incluidos en la gestión gubernamental.
Retomando el espíritu constituyente, como herramienta fundamental para el funcionamiento de las instituciones políticas, económicas y sociales con la participación de la ciudadanía hacia la consolidación de un régimen del Buen Vivir.
- Fortalecimiento del sistema
democrático y garantías de participación social;
- Ampliación del sistema de participación ciudadana hacia la construcción de un poder popular incluyente, vigilante y deliberativo.
- Libre funcionamiento y garantías para organizaciones sociales y gremios, con impulso a su constitución y apoyo para su funcionamiento.
- Defensa de la soberanía
nacional y promoción de la integración regional;
- Integración latinoamericana con respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
- Independencia con respecto al FMI y otros organismos multilaterales para las decisiones de política económica, comercial y social.
- Garantía de derechos
sociales, sectoriales y de la naturaleza:
- Impulsar un nuevo Código del trabajo que garantice a las y los trabajadores en condiciones de dignidad y seguridad frente al poder del capital.
- Recuperación y fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y salud.
- Renovación de las agendas de la igualdad de mujeres, colectivos LGBTIQ, personas en movilidad humana, niñez y adolescencia, adultos mayores, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios.
- Agenda de desarrollo en cumplimiento de los mecanismos constitucionales de protección de la naturaleza.
- Fortalecimiento de lo
público:
- Diseño de un Estado con tamaño y capacidades necesarias para garantizar servicios de calidad, administración efectiva y garantía de derechos.
- No privatización ni concesión de sectores estratégicos, fortaleciendo los procesos de gestión para maximizar la eficacia, la eficiencia, rentabilidad económica y rentabilidad social.
- Fortalecimiento del IESS como parte del sistema público de seguridad social, con participación directa de los afiliados.
- Política pública y agenda
legislativa para la reducción de las brechas sociales
- Elaboración de agenda legislativa para la reversión de concesiones y prerrogativas otorgadas a los grupos económicos.
- Política tributaria progresiva y redistributiva.
- Revisión de política de subsidios con enfoque de cobertura de necesidades básicas e inclusión económica.
- Promover la economía popular y solidaria como base de la satisfacción de necesidades fundamentales de la población, innovación tecnológica-productiva y desarrollo humano sostenido.
- Regulación y control de la banca, política de acceso a crédito y control de capitales y salida de divisas.
- Hacia una ética republicana:
- Lucha sistemática en contra de la corrupción, tanto en el sector público como en el privado.
- Fortalecimiento de un Estado eficiente que garantice la prestación de servicios públicos gratuitos de calidad de forma desconcentrada y descentralizada para el buen vivir.
- Generación de un espacio político consultivo permanente en el cual las organizaciones sociales y políticas puedan evaluar y proponer permanentemente acciones que lleven a buen término los aspectos de este acuerdo y el plan de gobierno.
