El 26 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa concedió la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz a Kristi Noem Klein, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Más allá del formalismo diplomático, este acto revela la naturaleza de clase del Estado ecuatoriano y su papel geopolítico en América Latina. Lejos de expresar soberanía, la condecoración a una funcionaria del imperialismo señalada por violaciones a derechos humanos evidencia la sumisión de la burguesía nacional a los intereses de Washington. Analizar este hecho implica situar a Ecuador en la reconfiguración ofensiva estadounidense en la región.
El decreto 337 justifica el reconocimiento a Klein por su “destacada trayectoria de servicio” y sus “esfuerzos orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación” entre ambos países. Sin embargo, conviene recordar que Kristi Noem Klein dirigió las violentas operaciones migratorias y de control fronterizo (ICE) y lideró la iniciativa regional “Escudo de las Américas”, un programa que, bajo la apariencia de una alianza antiterrorista y contra el crimen organizado, busca contener los crecientes vínculos de América Latina con China y Rusia.
Estados Unidos, en su propia National Security Strategy, admite implícitamente una situación de crisis y traza los lineamientos para recuperar el control territorial y geopolítico, sobre todo en América Latina. Frente al evidente declive de su influencia en la región, Washington recurre nuevamente a los postulados del Corolario Roosevelt y la Doctrina Monroe. En este contexto, Ecuador actúa como lacayo del imperialismo estadounidense: se alía con figuras antiderechos, firma un TLC que subordina su producción nacional a los intereses de la metrópoli en crisis, y castiga al pueblo con el aumento del IVA al 15% para pagar las facturas de esa sumisión que ahora incluye varios insumos de la canasta básica familiar pasándole -como siempre- la factura de la crisis al pueblo.
Bajo la lógica de la “lucha contra las drogas”, el gobierno ecuatoriano ha instaurado un denominado conflicto armado interno y ha impulsado un marco penal que profundiza el carácter punitivo del Estado. Sin embargo, el 9 de marzo de 2026, relatores de la ONU señalaron que no existe tal conflicto armado interno y advirtieron sobre las inconsistencias con el derecho internacional. Esta declaración, lejos de frenar la deriva securitaria, ha servido para justificar acciones bélicas en el territorio ecuatoriano y para promover reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, bajo el pretexto de combatir el “narcoterrorismo”, facilitan la persecución de líderes sociales y criminalizan la protesta.
Así pues, mientras el gobierno condecora a la artífice de las políticas migratorias más agresivas de Estados Unidos, el cuestionado “conflicto armado interno” ha instaurado un régimen de persecución estatal que deja una estela de violencia y desapariciones. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 7.459 denuncias por desaparición involuntaria, un 5,3% más que en 2024. El 17 de marzo, un joven fue trasladado sin vida al hospital del IESS en Milagro con aparentes signos de violencia. A esta realidad se suma el asesinato de los cuatro niños de Guayaquil, conocido como el caso “Los 4 de las Malvinas”, cuya muerte fue calificada como delito de lesa humanidad. La desconexión entre el discurso oficial de “fortalecimiento de lazos” con Washington y la realidad cotidiana de los ecuatorianos no podría ser más profunda.
Para comprender la magnitud de este fenómeno, resulta útil recuperar las advertencias que el Che Guevara formuló acerca del papel de las burguesías nacionales en Latinoamérica. Lejos de encarnar proyectos de liberación nacional auténticos, estas clases han actuado sistemáticamente como el “carro de cola” de las potencias hegemónicas. Lo que hoy ocurre en Ecuador no constituye una excepción, sino la persistencia actualizada de ese patrón: un sector del poder local que, ante la crisis, opta por ceder soberanía antes que arriesgar transformaciones estructurales que pongan en cuestión sus privilegios.
Así, Ecuador se configura como una pieza más en el tablero del imperialismo estadounidense, insertándose en una estrategia de contención que Washington despliega con creciente intensidad en América Latina. No es casualidad que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haya denunciado que Ecuador bombardea su territorio, una muestra de cómo la militarización de la frontera norte responde a lógicas impuestas desde el Comando Sur, no a necesidades de seguridad regional consensuadas. Ecuador se ha convertido en el nuevo espacio operativo de Estados Unidos, cediendo espacios estratégicos como las islas Galápagos para garantizar a Washington una plataforma logística y de proyección militar clave en el Pacífico sur. Cesión de soberanía que es parte de una reconfiguración más amplia que busca mantener el control hegemónico en una región donde la influencia estadounidense enfrenta crecientes desafíos por parte de China y los nuevos procesos de reconfiguración internacional.
Así las cosas, más allá del recordatorio constante de que aún somos un espacio de dominación colonial, debemos reconocer que la independencia formal lograda por Bolívar y Martí no basta si hoy no podemos decidir soberanamente sobre nuestro destino. De nada sirve la independencia política si nuestros gobiernos son bloqueados como Cuba o intervenidos como Venezuela.
Frente a este escenario, las fuerzas populares y la izquierda ecuatoriana tenemos una tarea impostergable: hacer de la liberación nacional un horizonte concreto y una exigencia cotidiana. No basta con la denuncia. Es necesario disputar el sentido común, reconstruir organizaciones y trasladar la disputa al terreno de las reivindicaciones concretas y la confrontación ideológica, para exigir el cumplimiento de nuestra soberanía que ya quedó plasmado en la Constitución de 2008. Devolverle al antiimperialismo su carácter de bandera popular es una tarea urgente que exige unidad táctica y voluntad revolucionaria. Toda muestra de solidaridad entre pueblos forma parte de esa contienda histórica, y cada iniciativa política o económica que frene el avance de la maquinaria bélica del imperialismo representa un triunfo para quienes aspiramos a un nuevo orden internacional.
Lo que está en juego no es una mera condecoración. Está en juego si el Ecuador será un territorio sometido al servicio del Pentágono o un pueblo que retome las banderas de Bolívar, Martí y los que lucharon por una patria verdaderamente libre. La historia no espera.
