Ecuador atraviesa una crisis política e institucional que ha sido cuidadosamente configurada por la oligarquía que ha sabido aprovechar la debilidad del campo popular para reorganizarse y movilizarse, utilizando todos los aparatos de dominación ideológica con el fin de mantener a la población en un estado de letargo e inmovilidad.
Las últimas encuestas evidencian un gobierno debilitado, sin respaldo mayoritario y una institucionalidad en la que ya no existe ni siquiera fe, sino hartazgo y desconfianza. El indicador más alarmante es el relacionado con el estado de ánimo y las expectativas de futuro: cerca del 80% de la población cree que en los próximos meses estaremos peor que ahora. Sin embargo, este panorama no ha sido suficiente para que la desesperanza se transforme en rabia y esta en movilización.
La reforma institucional, en muchos casos de carácter inconstitucional, se consolida progresivamente y sus efectos comienzan a sentirse en la inflación, el incremento de los precios de productos de la canasta básica y la cada vez más latente desatención de los servicios públicos, no obstante, lo más preocupante es el intento de concentrar todo el poder político en los distintos niveles del Estado. Si ya se evidencia un control total de las funciones judicial y electoral, ahora el gobierno pretende trasladar a la Asamblea Nacional la facultad de designar autoridades de control, con el objetivo de afianzar su modelo restringiendo la pluralidad política que se entiende pilar de la democracia que dicen defender. Para ello, no solo proscriben movimientos electorales, sino que también obstaculizan el registro de nuevas opciones.
Se adelanta la jornada de elecciones generales, pero se mantiene para la primera fecha programada (febrero) la modalidad de voto asistido, esto con el fin de justificar que el proceso electoral no ha concluido en la jornada nacional de noviembre. Estas maniobras legales, avaladas por el Tribunal Contencioso Electoral, otorgarían casi tres meses para manipular actas y urnas con miras a consolidar una victoria basada en el fraude. A esto se suman amenazas a organizaciones políticas y la anulación de otras, sumado a la persecución a dirigentes sociales, sindicales y comunitarios.
En el ámbito laboral, se han reformado leyes y reglamentos para modificar la jornada de trabajo, lo que en la práctica implica una flexibilización que permite al empleador cambiar días y horarios, evadiendo pagos de horas extras y suplementarias. Se presenta esta medida como un acuerdo entre empleador y trabajador, cuando en realidad es conocido que ante la negativa del trabajador, todo se resuelve con su despido. Se intenta vender la relación laboral como un vínculo armónico en donde el trabajador no estaría subordinado a la voluntad del empleador y todo esto en un contexto de creciente desempleo.
Las reformas al COOTAD afectan la gestión de municipios y prefecturas, limitando su capacidad de inversión en áreas sociales desatendidas por el gobierno central. La intención es redirigir esos recursos hacia “obras” que benefician a grandes empresas constructoras y proveedoras. Este sector empresarial impulsa un supuesto “dinamismo” económico mediante créditos hipotecarios de bajo interés que, si bien facilitan en ciertos casos el acceso a la vivienda, también alimentan el negocio de los seguros, la especulación de la tierra y otros mercados, dejando de lado la atención a los sectores más vulnerables y excluidos de la población. A esto le sumaremos todas las reformas orientadas a facilitar la explotación minera transnacional a pesar de la oposición de la población local o los GAD.
En el ámbito internacional, la guerra arancelaria contra Colombia forma parte de una estrategia regional impulsada por Estados Unidos para respaldar la candidatura paramilitar del uribismo y debilitar a Iván Cepeda. La expulsión de la embajada de Cuba en Quito, la campaña pro sionista y la difusión de una narrativa que encubre la violencia del sionismo israelí contra el pueblo palestino, la alineación del gobierno con el discurso estadounidense sobre la guerra en Irán, la participación en el “Escudo de las Américas” los convenios militares que permiten el uso de bases nacionales para operaciones extranjeros, entre otras acciones, configuran un escenario en el que Ecuador ha perdido toda su soberanía, convirtiéndose en una colonia funcional al imperialismo. En este contexto, hechos como la droga incautada, los informes del FBI que vinculan a la familia Noboa con el narcotráfico y la entrega de fronteras a grupos de narcotraficantes pasan desapercibidos en la opinión mediática.
No obstante, no todos los sectores oligárquicos están conformes, pues ven amenazados sus propios intereses. De ahí surge la necesidad de encauzar una implosión política que solo podrá consolidarse mediante una estrategia de movilización de masas que someta al gobierno al verdadero mandato popular: seguridad, salud, educación y, en general, el derecho a vivir en paz. Este gobierno debe culminar anticipadamente su mandato por cualquiera de las vías constitucionales, pero es fundamental que dicho proceso fortalezca al campo popular y debilite la capacidad de acción política de la oligarquía en todas sus formas. Por ello, es imprescindible identificar con claridad a los sujetos políticos que impulsan cada alternativa.
Mientras tanto, es necesario seguir creciendo, organizando, generando espacios de unidad táctica y disputando el sentido hegemónico de la opinión pública. Nuestra tarea fundamental es educar al pueblo para que comprenda lo que realmente está ocurriendo en el país y en el mundo, pues será ese pueblo consciente el que finalmente se movilice. Hay que hablar, debatir, defender en todo espacio la postura y análisis de los comunistas, sin medias tintas; unidos ampliamente para golpear a la oligarquía y defender los derechos y fusionados estratégicamente entre quienes queremos construir el socialismo.
c. Manuel Paredes Martínez
Secretario General
Partido Comunista Ecuatoriano
