El régimen de Noboa ha convertido la noción de “guerra interna” en el eje central de su proyecto de seguridad. Bajo tal narrativa, el país vive en un estado de excepción casi permanente, del que se han hablado en casi todas las ediciones de este periódico, donde la suspensión de garantías constitucionales y la presencia militar en la vida cotidiana se presentan como respuestas inevitables frente al avance del crimen organizado. Sin embargo, más allá del lenguaje de urgencia, lo que se observa es la consolidación de un modelo político donde la excepción deja de ser una medida extraordinaria para convertirse en una forma regular de gobierno.
La promesa de seguridad se ha transformado así en un dispositivo de legitimación del poder. A pesar de los estados de excepción sucesivos, la militarización de territorios y la ampliación de facultades para las Fuerzas Armadas, los resultados siguen siendo profundamente cuestionables. La violencia persiste, el crimen organizado continúa expandiendo su influencia y amplias zonas del país permanecen bajo su control. El fracaso del modelo no ha conducido a una revisión de la estrategia, sino a su intensificación, consolidando una lógica donde la seguridad se mide más por la espectacularidad de las operaciones que por su impacto real en la vida de la población.
Un ejemplo reciente revela con claridad esta dinámica. El bombardeo de una granja lechera en la frontera, presentado como parte de una operación contra el narcotráfico, evidenció los riesgos de una política de seguridad que privilegia la demostración de fuerza sobre la protección de la población civil. Más allá de la eficacia militar de la acción, el hecho fue utilizado para reforzar una narrativa de guerra total, en la que el ejército aparece como la última línea de defensa frente al narco. Sin embargo, este tipo de acciones también cumplen una función política: desplazar la atención pública de un problema más profundo, la progresiva penetración del crimen organizado en las estructuras económicas, sociales e institucionales del país.
La militarización del territorio suele ir acompañada de otra operación discursiva: la criminalización de las poblaciones rurales y de los barrios populares. Estos espacios son presentados como territorios sospechosos, zonas donde el Estado se limita a ejercer control armado en lugar de garantizar derechos, servicios y oportunidades. Cuando la presencia estatal se reduce a operativos militares, se produce un abandono político del territorio que facilita la consolidación de economías ilegales. El resultado es paradójico: mientras se declara una guerra permanente contra el crimen organizado, se consolidan condiciones que permiten su expansión.
En este contexto, la creciente alineación del gobierno ecuatoriano con la estrategia de seguridad de Estados Unidos adquiere un significado particular. La cesión progresiva de soberanía en materia de seguridad, a través de cooperación militar, asesoramiento estratégico y presencia creciente de agencias extranjeras, revela una tendencia histórica en la región: la externalización de la seguridad nacional como respuesta a crisis internas que el propio modelo político y económico ha contribuido a producir.
Este escenario puede comprenderse como una forma contemporánea de necropolítica. La suspensión recurrente del régimen de derechos permite administrar la vida y la muerte de manera diferencial, estableciendo territorios donde la violencia estatal se normaliza y poblaciones cuya seguridad se vuelve secundaria frente a los intereses estratégicos del poder. En última instancia, la pregunta que emerge es inevitable: cuando el Estado militariza la sociedad en nombre de la seguridad, ¿a quién protege realmente y a quién decide abandonar? Las respuestas se vuelven cada vez más evidentes.
