La fase neoliberal del capitalismo ha agudizado la pobreza, particularmente entre las mujeres, quienes son excluidas en mayor medida del trabajo o reciben salarios más bajos. Este modelo ha suprimido derechos históricos de la clase obrera y, mediante dispositivos ideológicos asociados a elementos identitarios fragmentados, ha debilitado la unidad de la lucha de clases.
Hablar de feminización de la pobreza desde el marxismo, no significa que la pobreza afecta por igual a todas las mujeres, sino que, la pobreza como consecuencia directa de la explotación capitalista a la clase trabajadora, impacta con mayor intensidad a las mujeres:
En Ecuador, persisten brechas evidentes: la tasa de desempleo femenino alcanza el 3,4%, frente al 2,0% masculino; el empleo adecuado llega apenas al 30,5 % en mujeres, mientras en hombres alcanza el 41,6 %, con diferencias significativas en salarios y acceso a seguridad social. Una de las principales causas de discriminación laboral es la edad, especialmente en mujeres mayores de 40 años, debido a que el sistema mide la “productividad” como criterio de validación social, subordinando incluso el rol reproductivo al productivo. A nivel de ingreso, las mujeres perciben en promedio 422 dólares al mes, por debajo del salario mínimo vigente de 482 dólares.
Además, al asumir en mayor medida tareas de cuidado, las mujeres se ven obligadas a aceptar empleos considerados “inadecuados” (menos horas de las establecidas o ingresos inferiores al salario básico), para compatibilizar el trabajo remunerado y los cuidados.
Así, se demuestra la precariedad de las mujeres trabajadoras, que genera profundas brechas y exclusión social y consolida procesos de feminización de la pobreza, en tanto son expulsadas del empleo, precarizadas o sometidas a doble explotación mediante el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y sufren exclusión social en ámbitos como: seguridad social, participación política, educación, acceso a la salud, entre otros.
Por si fuera poco, a las condiciones estructurales de explotación, se suman las medidas neoliberales de un Gobierno como el de Noboa, que afectan en general a las clases populares, pero de manera especial a las mujeres en la medida en que ponen en riesgo sus territorios con el extractivismo y el abandono estatal, e incrementa sus niveles de explotación frente al trabajo con el recorte de políticas sociales.
Así, la reforma al COOTAD, al limitar el gasto corriente, afecta la provisión de servicios sociales fundamentales para sostener la economía de los cuidados, como el de desarrollo infantil, la atención a personas con discapacidad y adultos mayores; afectando directamente a las mujeres, que hemos asumido históricamente la responsabilidad de los cuidados.
Si consideramos que, actualmente en promedio, las mujeres dedican 28,7 horas semanales a cuidados y labores domésticas no remuneradas, casi el triple que los hombres (11,4 horas); esto sumado al trabajo remunerado, su jornada total supera las 62 horas semanales. Este trabajo no remunerado representa aproximadamente 24 mil millones de dólares en Ecuador, evidencia de que el sistema descansa sobre una gigantesca masa de trabajo invisible apropiado sin salario.
Por otro lado, la política minera impulsada por el Gobierno amenaza territorios históricamente defendidos por mujeres, provocando desplazamientos, pérdida de medios de vida tradicionales y mayor exposición a violencias estructurales.
En este contexto, este 8 de marzo, las mujeres trabajadoras levantamos nuestra voz, no solo para denunciar, sino para organizarnos y combatir: Exigimos al Gobierno el fin de los recortes a los servicios sociales, la progresiva universalización de la seguridad social como una consigna histórica. Así también, conminamos a la Corte Constitucional, frene el ultraje a los derechos del pueblo ecuatoriano, declare inconstitucional la Ley Minera y las reformas al COOTAD por atentar contra los recursos estratégicos, los pueblos y sus territorios.
