El Congreso del Partido Comunista Ecuatoriano determinó como una de las tareas fundamentales de la resistencia la defensa de la Constitución. En este marco, el espíritu constituyente resulta esencial, pues expresa la conquista histórica de diversas luchas populares. Entre estas conquistas se encuentra la construcción de un modelo de administración territorial basado en la descentralización y la autonomía política, administrativa y financiera, orientado a promover la solidaridad, la subsidiariedad y la equidad territorial.
Este modelo buscó superar el centralismo que predominó entre 1980 y 2008, período en el que la organización del Estado facilitó la implementación de políticas neoliberales y la privatización de los servicios públicos.
En el modelo previo, la organización territorial dependía en gran medida de la voluntad de las estructuras municipales, lo que dificultaba una gestión territorial equilibrada. Las ciudades con mayor capacidad económica y administrativa concentraban recursos y poder político, generando nodos de centralismo que reproducían desigualdades territoriales. La descentralización planteada en la Constitución buscó precisamente acercar la gestión pública a los territorios mediante el fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Sin embargo, también es cierto que este modelo ha enfrentado limitaciones: instrumentos de planificación como el PDOT, PUGS o los planes parciales no siempre han logrado garantizar procesos sostenibles que aseguren los derechos establecidos.
Las reformas actuales deben entenderse no como un intento de mejorar la gestión territorial, sino como una estrategia de recentralización del poder. El gobierno de Daniel Noboa busca fortalecer su capacidad de control sobre los GAD mediante mecanismos de presión institucional. En los últimos meses se han utilizado entidades como la SOT, la Contraloría o la SNGR para impulsar procesos sancionatorios que responden a una lógica centralista y autoritaria. Esta visión privilegia el control político desde el Ejecutivo y promueve un modelo territorial funcional a la expansión urbana y a la intervención de la empresa privada.
Uno de los principales cambios se expresa en las reformas al COOTAD, que afectan directamente la autonomía financiera de los GAD. Antes de la reforma, estos recibían el 21 % de los ingresos permanentes del Estado y el 10 % de los ingresos no permanentes, distribuidos bajo el Modelo de Equidad Territorial y sin la aplicación de una regla fiscal restrictiva. Con la reforma se pretende reducir estos recursos mediante una regla fiscal que condiciona la inversión a determinados tipos de gasto, limitando la capacidad de los gobiernos locales para ejercer sus competencias y debilitando el principio de equidad territorial establecido en los artículos 193 y 197 del COOTAD.
Esto afecta directamente funciones esenciales como el control del uso del suelo, la gestión de catastros urbanos y rurales, la provisión de servicios sociales y comunitarios, la preservación del patrimonio natural y cultural, y la promoción de actividades culturales y deportivas. Limitar estas capacidades implica restringir la posibilidad de los territorios de desarrollar políticas propias en ámbitos fundamentales para la vida social.
A esto se suma la reforma a la LOOTUGS, que prioriza el interés privado en el desarrollo urbano. Esta reforma debilita la autonomía de los GAD, promueve la expansión urbana hacia tierras rurales y facilita la apertura de nuevos mercados inmobiliarios mediante mecanismos de presión y sanción. Bajo esta lógica, el suelo se concibe como un recurso ilimitado, ignorando las restricciones ecológicas y los servicios ecosistémicos.
El problema no radica en promover políticas de acceso a la vivienda, sino en hacerlo sin regular la especulación inmobiliaria ni el control de los mercados del suelo. La expansión hacia las periferias termina afectando nuevamente a los sectores populares, mientras beneficia a los mercados inmobiliarios especulativos y a economías vinculadas incluso al lavado de dinero.
Estas reformas tampoco resuelven problemas estructurales como el control de la especulación, la planificación del equipamiento social y cultural o la garantía de vivienda digna. Habitar la ciudad debe responder a una visión integral y de justicia social, no a la lógica del mercado ni a intereses privados.
La Constitución, fruto de luchas populares, se ve cada vez más erosionada por estas reformas. Frente a ello, la tarea del Partido Comunista Ecuatoriano es clara: defender la Constitución como herramienta de resistencia, pero también impulsar propuestas que enfrenten las condiciones estructurales del poder neoliberal.
No se trata simplemente de defender el COOTAD o la LOOTUGS, sino de comprender que estas reformas buscan reinstalar condiciones de desigualdad que afectan directamente a las clases populares. La defensa del territorio y de las ciudades no puede quedar en manos de visiones tecnocráticas o pequeño burguesas. Debe construirse desde una perspectiva de clase, donde las ciudades se planifiquen en función de las necesidades del pueblo y no de los intereses privados.
