El momento político del Ecuador revela una preocupante reconfiguración de su política exterior y de seguridad bajo el gobierno de Daniel Noboa. Lejos de sostener una posición soberana y respetuosa del derecho internacional, el régimen ha impulsado una agenda que subordina los intereses nacionales a los lineamientos geopolíticos de Donald Trump y de la política exterior de los Estados Unidos. Este alineamiento no solo expresa una orientación ideológica conservadora, sino que también pone en cuestión principios fundamentales del sistema internacional, particularmente aquellos relacionados con la soberanía estatal, la no intervención y el respeto a las normas diplomáticas.
Uno de los episodios más graves en esta deriva fue el asalto policial a la Embajada de México en Quito, acción que vulneró de forma directa la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo. La irrupción en una sede diplomática para capturar a un asilado político no solo provocó una crisis bilateral con México, sino que también generó una profunda condena internacional, al establecer un precedente extremadamente peligroso en la práctica diplomática global. Este acto evidenció la disposición del gobierno ecuatoriano a sacrificar el prestigio y la credibilidad internacional del país en aras de objetivos políticos coyunturales.
A este episodio se suma la escalada de tensiones comerciales con Colombia, que derivó en una guerra arancelaria carente de racionalidad económica y de sustento técnico. En lugar de apostar por mecanismos de integración regional y cooperación económica, el gobierno optó por medidas unilaterales que deterioran las relaciones con uno de los principales socios comerciales del país, debilitando una relación económicamente importante y profundizando la fragmentación regional.
De manera similar, la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba constituye otro ejemplo de una política exterior guiada más por alineamientos ideológicos que por una evaluación estratégica de los intereses nacionales. Durante décadas, Ecuador mantuvo vínculos de cooperación con la isla, particularmente en ámbitos como la salud y la formación profesional. La decisión de romper estos lazos no responde a una lógica de política pública, sino a la voluntad de insertarse en una agenda hemisférica de aislamiento contra gobiernos considerados adversarios por Washington y de “llegar con un trofeo” a la cita Trump, Milei, Bukele, Noboa que se realizará en Miami en los próximos días.
Es preciso también observar y cuestionar la creciente presencia de personal militar estadounidense en territorio ecuatoriano bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. La participación de fuerzas vinculadas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos en operaciones de seguridad interna plantea serias interrogantes sobre la soberanía nacional y la autonomía de las instituciones del Estado. Porque, lejos de ofrecer soluciones estructurales al problema del crimen organizado, este enfoque profundiza un modelo de securitización que privilegia la lógica militar por encima de políticas integrales de desarrollo social, fortalecimiento institucional y cooperación regional.
En este contexto, el Ecuador corre el riesgo de transitar hacia un esquema de dependencia geopolítica que reduce su margen de maniobra en el escenario internacional. La subordinación a agendas externas, la erosión del derecho internacional y la militarización del territorio no solo debilitan la soberanía nacional, sino que también comprometen la capacidad del país para construir una política exterior basada en la autodeterminación, la cooperación regional y el respeto a los principios fundamentales del orden internacional.
