Las negociaciones entre el Gobierno de Ecuador y Canadá iniciaron en abril de 2024, en un contexto marcado por el aumento de la presencia de empresas mineras en el país. Este escenario sirvió como preludio al manejo del proceso de negociación. Tras ocho rondas de diálogo, se alcanzó un acuerdo inicial para impulsar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Sin embargo, las condiciones específicas de la negociación se mantienen en secreto, ya que durante el proceso se suscribió un convenio de confidencialidad que oculta los detalles del acuerdo y sus posibles impactos en el país.
Según la información disponible, el tratado aborda 12 capítulos que incluyen temas como aspectos laborales, ambientales, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, empresas estatales, servicios financieros, pueblos indígenas, entrada temporal de personas de negocios, transparencia y anticorrupción, solución de controversias, procedimientos de origen e institucionalidad.
Es preocupante cómo el gobierno neoliberal de Daniel Noboa maneja temas que afectan directamente a los sectores productivos del país. Más allá de conocer los detalles del acuerdo, un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no cabe duda de que este TLC se negoció y firmó siguiendo el patrón recurrente de este gobierno: garantizar beneficios para la oligarquía, el Grupo Nobis y sus aliados, es decir, a espaldas de los intereses nacionales y de las grandes mayorías populares. Un TLC basado en la expansión de los intereses transnacionales solo profundizará la crisis de desintegración de las relaciones de producción en los sectores agrícolas, campesinos y los derechos de los pueblos indígenas. No podemos olvidar cómo en Canadá se intentó destruir y eliminar a estos pueblos y su conocimiento ancestral.
El acuerdo se firma en un contexto de incertidumbre, cuando la economía ecuatoriana atraviesa una profunda recesión, con un aumento del desempleo y un sector productivo debilitado que aún no se recupera de la crisis energética. Este gobierno no ha generado las condiciones necesarias para fortalecer la economía nacional, pero ha garantizado un acuerdo que otorga un poder desmedido a las transnacionales, afectando gravemente las condiciones de desarrollo. Esto tendrá un impacto devastador en la agricultura, la ganadería y la poca industria existente, acelerando el proceso de proletarización del campo, generando desempleo, migración y violencia; sin dejar de mencionar la grave afectación a los ecosistemas producto de las actividades extractiva que este acuerdo fomenta.
Además, no podemos pasar por alto que la exministra Arrobo, ahora perseguida por este mismo gobierno, viajó a Canadá al inicio de las negociaciones y estableció varios acuerdos para que empresas canadienses, como Fruta del Norte, Lundin Gold y Adventus Mining —esta última con acciones de Daniel Noboa—, puedan desarrollar proyectos mineros en los Andes y la Amazonía del Ecuador. Con este antecedente, los temas del acuerdo relacionados con pueblos y nacionalidades, solución de controversias y procedimientos de origen e institucionalidad están claramente orientados a facilitar la intervención minera. Esto aumentará el uso del Estado y la violencia derivada de estas actividades, provocando la destrucción del medio ambiente, la expulsión de pueblos de sus territorios y sin generar beneficios reales para el Ecuador, sino solo para las empresas vinculadas a los grupos de poder.
En este contexto, como Partido Comunista Ecuatoriano, rechazamos la firma del TLC y hacemos un llamado a la unidad de las organizaciones que están en pie de lucha. Frenar los intereses transnacionales requiere una fuerte movilización en todos los sectores sociales, transparencia en los procesos y, sobre todo, la reconstrucción del bloque popular como espacio de resistencia y propuesta para evitar la “venta de nuestro país” a los intereses de las transnacionales.
