Luego de más de 10 años por fuera del Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI), cuando en 2010 se oficializó la salida de nuestro país por considerarlo atentatorio frente a los intereses como Estado Ecuatoriano; hoy, en consonancia con la política neoliberal del Gobierno de Lasso, el pasado 21 de junio se ha vuelto a firmar el convenio del CIADI.
La pretendida adhesión a este Convenio, no solo muestra un claro retorno al fondo-monetarismo que tanto daño ha hecho a nuestro país; sino que se constituye como atentatorio frente a la potestad soberana del Estado, de decidir sobre su propia política fiscal, e impide a los Estados tomar medidas sancionatorias y de exigibilidad frente a incumplimientos de los inversionistas, a través de la emisión de medidas provisionales y laudos que impiden al Estado actuar de manera soberana en pos de sus intereses, e incluso excluye hacer uso de otros recursos para apelar conforme se señala CIADI en su Art. 26.
Esta violación al carácter soberano del Estado es reconocida por el mismo CIADI, pues al adherirnos al Convenio nos sometemos a “medidas de carácter provisional, incluso en una situación que puede implicar cierto grado de interferencia con potestades soberanas y con la obligación de hacer cumplir las normas” como señaló el mismo tribunal de CIADI en el caso Burlington (Caso CIADI No. ARB/08/5).
Mientras mes a mes, los precios de los combustibles suben en detrimento de la economía de las familias más pobres; las ganancias de los grandes inversionistas se protegen a través de este tipo de mecanismos de arbitraje como el CIADI, impidiendo que los Estados puedan aplicar políticas tributarias redistributivas frente a ganancias extraordinarias; y limitando la posibilidad del manejo de una política justa frente a la gestión de recursos estratégicos del Estado, que en el caso del Ecuador se puede considerar inconstitucional, por atentar contra el Art. 313 de la Carta Magna, que otorga el derecho al Estado frente al manejo de sectores estratégicos.
Sin duda el CIADI es un tribunal de arbitraje que responde a los inversionistas, y que, so pretexto de “no agravación de la controversia”, ha beneficiado a las grandes transnacionales en perjuicio de los intereses de todas las y los ecuatorianos, fallando en contra del Estado en casos como City Oriente, Burlington y Perenco. Gracias al arbitraje de CIADI, a través de medidas provisionales en el caso City Oriente, por ejemplo, impidió que el Estado Ecuatoriano procediera al cobro coactivo de 327 millones de dólares frente a la petrolera.
Así mismo, en el caso de la empresa petrolera francesa Perenco, el CIADI no solo impidió que el Estado Ecuatoriano proceda al cobro de coactivas, sino que actualmente debemos pagar 412 millones por indemnización, por fallo producido el 28 de mayo del 2021, luego de un juicio que lleva años, en donde se pretendió aumentar la participación del Estado frente a las ganancias extraordinarias por extracción petrolera, y la empresa dijo sentirse afectada.
Hoy, frente a la millonaria indemnización a favor de Perenco, Lasso no solo NO ha defendido los intereses nacionales, sino que en su lugar ha señalado que “honrará sus compromisos” y por si fuera poco decide retornar al CIADI, en clara muestra de entreguismo a los intereses de los grandes capitales extranjeros.
Frente a este atentado a la soberanía nacional, rechazamos el retorno del Ecuador al Convenio CIADI, y exigimos a la Asamblea Nacional actuar en pos de los intereses de las y los ecuatorianos y no de las empresas y las grandes élites, el rechazo de este Convenio ilegítimo.
Partido Comunista Ecuatoriano
25 de junio de 2021
