Este lunes 25 de abril inició el debate sobre la “Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por los Afectados del Terremoto” en la Asamblea Nacional. Una respuesta inmediata, realizada por el Ejecutivo, frente a la mayor tragedia del Ecuador en los últimos setenta años.
A pesar de la importante iniciativa del Gobierno Nacional por superar este desastre, es significativo sumar criterios para profundizar las propuestas, además la necesidad de enfrentar a una oposición aburguesada que refleja las cualidades más despreciables del capitalismo: egoísmo, división social, deshumanización, pregonar de sus caridades, entre otras más.
Producto de este sismo, que ha costado la vida de cientos de ecuatorianos y decenas de extranjeros, se configura un escenario profundo que debe ser tratado con toda responsabilidad que junto con el dolor nacional deben ser considerados.
Los ámbitos económicos, políticos y sociales tienen una gran trascendencia y vale la pena aclarar frente a cualquier arremetida infundada y mezquina.
Para la recuperación de la zona de desastre se calcula aproximadamente entre dos mil a tres mil millones de dólares, lo que representa del 2 al 3 de PIB y un tiempo aproximado de 2 a 3 años de reconstrucción. Además el impacto que tiene en la economía nacional, por afectar las provincias de Manabí y Esmeraldas, es la reducción de 4´100.000 millones de dólares de exportación diaria, a lo que hay que sumarla la afectación económica interna de las dos provincias.
A pesar de la solidaridad, buena voluntad, movilización y unidad nacional que ha mostrado el pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional, es un imperativo proponer soluciones concretas de permanencia a largo plazo que permitan superar la temporalidad inmediata y muchas veces espontanea.
Frente a la magnitud de desastre, la propuesta de ley se basa en una contribución solidaria del 3,33% con referencia del salario desde los 1000 dólares, la contribución del 0,90% de personas naturales con un patrimonio individual mayor a 1´000.000 de dólares, la contribución sobre las utilidades con una tarifa del 3% y como una disposición transitoria para el aumento de 12% a 14% del IVA durante el periodo de hasta un año, exceptuando alimentos y medicinas.
Para quienes consideramos la lucha de clases como un elemento prioritario en cualquier análisis, vale la pena considerar que, incluido este desastre, nada se encuentra al margen de la historia. Por ello la solución debe ir en la misma medida.
Los elementos de la propuesta de ley, si bien dan luces de solución, también deberían ser herramientas suficientes para poder profundizar las reformas económicas en la lógica de reducción de las brechas sociales.
Es un momento propicio para levantar la consigna de redistribución de la producción y no solo de la riqueza generada, nacionalización porcentual de la banca privada, telefónica, farmacéuticas, constructoras y demás empresas transnacionales.
Las condiciones objetivas estructurales están dadas para empujar un poco más la radicalización del proceso, contando además con toda la legitimidad para realizarlas. La unidad y nacionalismo debe ser encaminado a la consolidación de un verdadero Estado. El trabajo voluntario no debe ser sinónimo de caridad, debe basarse en sembrar el germen que construya la conciencia socialista, por ello la necesidad de un voluntariado de carácter guevarista.
Los desastres que casi siempre van de la mano de la pobreza, son el resultado de una sociedad dividida en clases sociales donde los pobres y trabajadores siempre serán los más afectados. Pero, a pesar de todo ello siempre se muestra la esperanza y una capacidad desconocida de los sectores populares por, no solo reconstruir las zonas afectadas, sino porque en un futuro no lejano construyan una nueva sociedad de justicia y fraternidad.
La mejor forma de solidaridad es redistribuir la propiedad!
c. Juan Francisco Torres
Secretario Ideológico PCE
Quito, 26 de abril 2016
