c. Vladimir Albornoz
Comisión Nacional Ideológica
Partido Comunista Ecuatoriano
¿Qué son los crímenes de Estado?
El Estatuto de Roma que sirvió a las Naciones Unidas para constituir la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998, y que entró en vigor el 1 de julio del 2002, define como crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, porque, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.
Ecuador ahora es un país que respeta los tratados internacionales y los delitos de lesa humanidad están tipificados en el Código Penal. Por lo tanto tiene la obligación de conocerlos y juzgarlos.
A lo largo de su historia, los crímenes del poder contra el pueblo son numerosos. Uno de ellos, extremadamente conocido, es el que ocurrió el 15 de noviembre de 1922, en contra de los trabajadores de Guayaquil, por el delito de reclamar alza de salarios y mejores condiciones de vida.
El autoritarismo en el Febres-corderato.
También es bien sabido que durante el gobierno de Febres Cordero, las autoridades correspondientes, a pretexto de combatir la subversión, cometieron una serie de actos reñidos con la ley, mientras el obeso Secretario de la Administración Joffre Torbay proclamaba que “al pavo hay que sacrificarle la víspera”, como quien aseguraba que antes de que crezca la oposición al gobierno neoliberal y sus mezquinos designios había que y liquidar a quienes pudieran luchar contra el gobierno de la oligarquía y el imperialismo. Que por entonces se quería imponer el “capitalismo salvaje” contra viento y marea.
En la época en que sucedieron los hechos, la fuerza pública, militar y policial, por órdenes expresas de Febres Cordero, diseñó y ejecutó un plan militar de guerra interna para contrarrestar la supuesta subversión. Y el plan se aplicó con precisión castrense, los miembros de Alfaro Vive fueron perseguidos a sol y sombra y sin contemplaciones.
El máximo dirigente de Alfaro Vive Carajo (AVC), Arturo Jarrín, arrestado en Panamá, fue horriblemente torturado y asesinado por sus captores. Similar suerte corrieron muchos de sus compañeros de armas. De entre tanta víctima, destaca la brutalidad con la que fue sacrificada la profesora Consuelo Benavides.
Como se sabe, según nuestra legislación y normas internacionales como la Convención de Ginebra se prohíbe expresamente la tortura en contra de prisioneros, la violación sexual, la pena de muerte y la ejecución extrajudicial. Un detenido debe ser entregado a sus jueces naturales para que reciba la pena que imponen las leyes. Nada justifica la “guerra interna”, la “debida obediencia”, ni los abusos de autoridad.
Los derechos de las víctimas.
Algunos sobrevivientes de la brutalidad del febrescorderato, han venido bregando porque se les haga justicia por los abusos que cometieron las autoridades de entonces. Un juicio que debió iniciar el día de ayer 9 de noviembre, conocido como el caso Vaca-Cajas-Jarrín fue suspendido Al parecer a los magistrados que debían iniciar el proceso, les tembló el pulso a la hora de cumplir sus responsabilidades, lo que ha sido reclamado airadamente por el fiscal general Galo Chiriboga.
Son 5 personas las que enfrentarán este juicio que se demoró más de año y medio en ser convocado, pues su llamamiento fue realizado en marzo de 2014. En esta diligencia se convocó a juicio a 8 personas, de las cuales 3 están prófugas (una de ellas en EEUU) y no se les puede juzgar en ausencia. Los procesados son exmilitares, entre generales y coroneles y también consta un general de Policía en servicio pasivo. Ellos habrían pertenecido a la estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra ecuatorianos entre 1984 y 1988.
Las víctimas en este caso concreto fueron Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín, quienes militaron en el grupo AVC. Sus derechos humanos fueron violentados en periodo 1985-1988, durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero.
El caso se inició luego de que el 10 de noviembre de 1985 fueron detenidos Vaca, Cajas y Jarrín en Esmeraldas por militares que les pidieron sus identificaciones y sin una orden judicial los llevaron al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, Pichincha.
En aquella época, se negó la detención de los 3 ciudadanos, pero, a través de reportes de Inteligencia, se conoció que sí sucedió. Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante 15 días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Susana Cajas recordó que fue víctima de maltratos físicos y abuso sexual. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.
Luis Alberto Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años, hasta eliminaron su registro de filiación del Registro Civil. Recordó que lo torturaron desde el 10 de noviembre de 1985 a marzo de 1988 en las manos, boca y orejas. Él fue liberado a mediados de 1988.
Pero la defensa de los uniformados reclama que en aquella época (entre 1984 y 1988) estos delitos no estaban tipificados.
Hasta allí, todo parece normal: las víctimas reclaman que se les haga justicia y los sospechosos apelan a su derecho de defenderse.
Cuando la arbitrariedad se disfraza de solidaridad para conspirar.
Lo que no es aceptable de ninguna manera es que al juicio hayan asistido miembros de las fuerzas armadas en servicio activo, con uniformes y todo, y que un alto oficial, Carlos Obando Changuán, comandante de la Fuerza Terrestre, se atreva a proclamar, que él y sus subordinados llegaron a respaldar a los oficiales encausados. “Es la posición de Fuerzas Armadas”, aclaró el alto funcionario, según nota de prensa (Servicio activo y pasivo de las FF.AA. asiste al primer juicio por el delito de lesa humanidad. El Telégrafo, 10-11-15).
¿Desde cuando las FFAA tiene el derecho de presionar para que la justicia ordinaria adopte tal o cual decisión?
Más grave es que militares en servicio activo compartan actividades políticas con oficiales retirados hace rato y que expresan una posición política francamente neoliberal, como es el caso del general José Gallardo, exministro de Defensa de Sixto Durán-Ballén y alto funcionario del gobierno de Jamil Mahuad, quien, manifestó que en la década del 80 los miembros cumplieron con su obligación de controlar a los elementos armados que atentaban contra la Constitución.
Como nota curiosa, vale recordar que Gallardo fue apresado a fines de febrero de 2005 en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez y ahora aparece junto con un estrecho colaborador del coronel derrocado: el también coronel Fausto Cobo, asambleísta por Sociedad Patriótica (PSP), quien, con su particular maniqueísmo, dijo que el Gobierno “mancha el honor de las Fuerzas Armadas”. ¿Qué tiene que ver la aplicación de la justicia con el honor de la FFAA? Pero pedirle explicaciones al coronel Cobo es una tarea que no se lo desea ni a Job.
Desde cualquier punto de vista, no puede menos que concluirse que la derecha quiere aprovechar estos casos para apelar dentro de la Fuerzas Armadas el espíritu de cuerpo y ampliar la conspiración en contra del gobierno de Rafael Correa. Y eso, en cualquier idioma se llama incitación al golpe de Estado.
Pero, ¿para qué?
Defender el capitalismo salvaje y al amo imperial.
Desde hace rato que los grandes conglomerados económicos y financieros tienen como objetivo primordial imponer al mundo mediante lo que llaman globalización liberal, para asegurar el dominio de la burguesía monopolista contra cualquier intento que pretenda alterar su dominio global. Y, la alianza entre la oligarquía y el imperialismo se expresa en una escalada de la violencia en nuestra América Latina.
Desde luego que la conquista de los mercados para el gran capital se acompaña de destrucciones impresionantes: desempleo y subempleo masivo, precariedad, fruto el pillaje planetario. Ese es el programa real de lo que ofrece la reacción. Pero si lo hacen efectivo, necesariamente produce un creciente descontento que se expresa en grandes manifestaciones sociales de protesta.
Para distraer la atención del público descontento, la propaganda dominante ha usado diferentes pretextos: la conspiración internacional comunista, la droga, el terrorismo… Y semejantes pretextos son acogidos como verdades irrefutables por los miembros de las oligarquías criollas que manejan los medios de comunicación colectiva. De allí a provocar la histeria colectiva no resta más que un paso. Con esa política se busca influir en las capas medias para promover la “Restauración Conservadora”. Y dentro de esas capas medias está comprendida la fuerza pública.
Eva Golinger describe este proceso:
“América Latina ha sufrido una constante agresión dirigida desde Washington durante más de doscientos años. Todas las tácticas y estrategias de guerra sucia han sido aplicadas en los distintos países de la región, desde golpes de Estado, asesinatos, magnicidios, desaparecidos, torturados, dictaduras brutales, atrocidades, persecución política, sabotajes económicos, guerra mediática, subversión, infiltración de paramilitares, terrorismo diplomático, intervención electoral, bloqueos y hasta invasiones militares. No ha importado quien gobierna en la Casa Blanca –demócratas o republicanos– las políticas imperiales se mantienen en marcha”. (Una Agresión Permanente, RT, 10-10-14).
En ese camino, el uso de las fuerzas armadas y la policía ha sido un requisito indispensable para “mantener el orden”. Y, EEUU creó instrumentos para subordinar a la fuerza pública a sus intereses. Luego de la segunda guerra mundial América Latina, en masa, suscribió el Tratado de Asistencia Recíproca, a pretexto de defensa de un supuesto ataque extracontinental, atando a sus ejércitos a la voluntad de Washington.
El resultado fue que para mediados de los años 80, casi la quinta parte de las fuerzas armadas latinoamericanas habían recibido preparación profesional (antiguerrillera) y adoctrinamiento anticomunista en EEUU o en las bases yanquis ubicadas en la zona del Canal de Panamá.
Por eso es que muchos países, como Ecuador han denunciado al TIAR y procuran que la capacitación de las FFAA se lo haga en Sudamérica.
William Blum, ex funcionario del Departamento de Estado, en el muy documentado libro “Estado villano”, nos cuenta que el entrenamiento promovido por EEUU no estaba dirigido a que un país se defendiera de la agresión de otro país, sino contra sus propios ciudadanos.
“A lo largo de los años, la Escuela de las Américas” ha entrenado a decenas de miles de militares y policías latinoamericanos en materia tales como contrainsurgencia, tácticas de infantería, inteligencia militar, operaciones antidrogas y operaciones comando. A los alumnos se les ha enseñado a odiar y temer algo llamado “comunismo”, después algo llamado terrorismo, con poca, si acaso alguna distinción entre ambas cosas, estableciendo así la justificación ideológica para reprimir al propio pueblo, sofocar la disidencia, cortar de cuajo cualquier cosa que se semeje a un cambio social… que pueda interferir con la agenda global de Washington”. Pp. 88-89.
De manera que entre oficiales de la época se volvió casi natural emplear la tortura y otros tratamientos degradantes en contra de quienes pensaran distinto. Y, en la larga y triste noche neoliberal, América Latina vio como la sangre corría a ríos de los cientos de miles de víctimas, como muchos prisioneros de “guerra” salían mutilados de las cárceles por haber cometido la audacia de creer en un mundo mejor y como otros volvían del destierra tras largos años de confinamiento, una vez que las dictaduras fueron derrocadas o que los gobiernos autoritarios tocaron a su fin.
Y son este tipo de (ex) oficiales formados en las escuelas militares yanquis, quienes ahora se hacen los preocupados “por remover el pasado”, aunque los pueblos reclamen que se haga luz a las brutales violaciones a los derechos humanos. Con seguridad, en estas acciones subversivas debe estar participando la CIA y otros servicios secretos.
Que las clases dominantes nunca renuncian voluntariamente a sus privilegios y son capaces de cometer los mayores crímenes para retener su mezquina posición, pero no lo hacen por mano propia, sino que necesitan de quienes tienen la fuerza para cumplan sus designios.
Quito, 10-11-15
