Como es ya costumbre en la política ecuatoriana, iniciado en el feriado de Carnaval, entre gallos y medianoche, el gobierno nacional, a manos de la oligarquía agroexportadora, firmó la “delegación” de la explotación de una de las mayores reservas petroleras del Ecuador, el Campo Sacha (Bloque 60), ubicado en el cantón Joya de los Sachas, Orellana.
Este acto, maquillado tras toda clase de falacias jurídicas y artimañas ideológicas, se constituye en el intento más descarado de afectación directa al erario nacional, considerando que este bloque —con más de 50 años de actividad— produce actualmente 77.191 barriles diarios, representando el 16% de la explotación nacional, con una ganancia actual de 1.928 millones de dólares anuales.
El fantasma de la privatización de los recursos públicos que se cierne sobre el Ecuador es producto del giro neoliberal de la economía y política ecuatoriana, aplicado desde finales del periodo del correísmo. El bloque Sacha, bajo la figura del “contrato de participación” (figura introducida por el gobierno de Guillermo Lasso dentro del paquetazo de la “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19”), supone que el Estado puede entregar la exploración y explotación a contratistas privados sin un límite mínimo de renta para el Estado, sino en referencia directa al volumen de hidrocarburos producidos.
La misma ley dispone, desde el inicio, que el componente de soberanía sobre las ganancias de la renta petrolera es fundamental, siguiendo el espíritu de la Constitución de Montecristi, que garantiza que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Así también, la Constitución dispone claramente en su artículo 316 que:
El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.
¿De qué interés nacional y excepcionalidad hablamos en el caso Sacha? Pues es evidente que la respuesta es: de ninguno. El gobierno, pese al aumento de la rentabilidad y producción del campo Sacha en los últimos años, decidió conscientemente sabotear la administración, alimentar la narrativa de “lo público es malo, lo privado es bueno” y así iniciar la operación de privatización de este bloque petrolero.
El contrato resulta tan mal negocio para el Ecuador (pero tan rentable para el consorcio privado), que se regala a 20 años la explotación, con un ingreso proyectado de 6.300 millones de dólares, a cambio del pago de una garantía (prima) de 1.500 millones de dólares iniciales; es decir, ni siquiera se paga lo que representa un año de explotación (actualmente en manos estatales).
Como vemos, la situación actual se posibilita gracias a la acción de la derecha, que lentamente ha ido generando el ambiente normativo propicio para traer de vuelta (bajo nuevas terminologías) la privatización de toda la vida, en la que las grandes empresas, a manos de la oligarquía entreguista y del capital transnacional, saquean los recursos nacionales.
Los paladines de la derecha, vociferando más ideología que análisis técnico, justifican en los medios de comunicación que les dan cabida que “lo mismo hizo Correa” con la concesión del campo Auca. Sin embargo, la gran diferencia en ese caso (del cual también podemos estar en desacuerdo, porque igual supuso la transferencia a privados de la explotación de un recurso público), fue que la figura utilizada, “prestación de servicios”, mantenía un porcentaje fijo de las rentas petroleras por concepto de soberanía.
Mientras en el primer caso tenemos un robo de cuello blanco a través de la entrega de los recursos naturales, en el cual se presentan indicios de que la misma familia Noboa se encuentra vinculada, en el segundo tenemos explotación controlada y garantía en el flujo de la renta a favor del Estado.
La ley es clara al decir que, en todas las figuras contractuales contempladas (Art. 2),
El Estado se asegurará de mantener la renta petrolera de los bloques o áreas, por lo tanto, los beneficios acumulados para el Estado no pueden ser menores a los que se obtenían hasta el año inmediato anterior al de la modificación.
Sabemos que el Estado capitalista, como instrumento de opresión de una clase sobre otra, siempre ha servido a las clases dominantes para lucrar a beneficio propio. La misma falta de una “burguesía nacional” que vele, por lo menos, porque los recursos y ganancias se queden en el país ha sido evidente en la historia del Ecuador. Las empresas públicas y el Estado son la rapiña de quienes siempre estuvieron al frente, que tras un breve periodo de reorganización nacional de corte desarrollista (correísmo) regresan a destruir cualquier ápice del Estado de bienestar, con sus derechos, con sus recursos, con su soberanía e independencia. Guiados por los mezquinos intereses de los capitales transnacionales sedientos de recursos, nos asaltan a mano armada, y gran parte del pueblo, adormecido, lo festeja o lo ignora.
La izquierda revolucionaria debe llamar a resistir este embate neoliberal dentro de un frente de fuerzas populares de izquierda, patriótico y democrático. El Partido Comunista Ecuatoriano rechaza la privatización descarada del Bloque 60-Sacha y hace un llamado al pueblo a pronunciarse y no permitir que se consolide el mayor robo de cuello blanco (desde el feriado bancario) de la historia reciente del Ecuador.
Comité Central
Partido Comunista Ecuatoriano
