Un estado fallido se define como aquel que no puede cumplir sus funciones esenciales. Independiente de la teoría política específica, en el sentido instrumental, el Estado debe cumplir con funciones de control sobre el territorio, tiene la capacidad de normar las relaciones entre la sociedad y de esta radica su legitimidad. El Ecuador tiene un declarado Estado fallido y esta declaratoria es parte de la retórica de administración con la que justifican la profundización de esa misma condición. Un gobierno que dice que no puede controlar el territorio y por ello requiere de la intervención militar extranjera, un modelo que debilita los servicios públicos y que libera la economía del control y la participación estatal mediante la privatización, la condonación de deudas y el debilitamiento de la capacidad de control.
Renunciar al ejercicio de esas funciones y ponerse “a la orden” de los intereses geopolíticos, económicos y militares extranjeros, en particular de los EEUU, representa la venta de la patria y la entrega de nuestra soberanía a costo de gallina enferma y generando solo beneficios para las oligarquías que claman por ser considerados en la mesa de los magnates imperialistas. Aún con todos esos esfuerzos, el presidente de cartón solo puede sentarse en la mesa del gringo pagando su propia invitación.
Para consolidar el modelo neoliberal, el gobierno de Noboa despliega una estrategia comunicacional basada en la manipulación del sentido común. En este marco, ha escogido como blanco a los sindicatos del sector público, construyendo sobre ellos una narrativa funcional al desprestigio general del empleo estatal. En medio del paquete de leyes “trole” recientemente aprobado, se introducen mecanismos que, bajo el pretexto de eliminar “la burocracia dorada” y los “malos elementos” del servicio público, buscan allanar el camino para la flexibilización y el desmantelamiento del Estado.
Esta ofensiva responde a un cálculo político: presentar la precarización de derechos como una respuesta “justa” al clamor popular, ocultando que, en realidad, se trata de una profundización del neoliberalismo. En lugar de debatir sobre el conjunto de regresiones contenidas en reformas — desde la precarización laboral hasta la privatización de servicios — se reduce todo a la lucha contra algunos privilegios reales o exagerados del sector público. Mientras tanto, el sindicalismo estatal, históricamente ausente del debate político y social, responde con torpeza: defiende lo que en algunos casos son derechos, pero en otros privilegios inaceptables, sin mayor capacidad de interpelar al conjunto de la sociedad.
Desde el pensamiento crítico y marxista, los comunistas no somos ajenos a esta realidad ni caemos en su trampa. Reconocemos la necesidad de un servicio público eficiente, honesto y comprometido con el bien común. La estabilidad laboral no debe significar impunidad ni ineficiencia. Los servidores públicos deben ser evaluados bajo criterios objetivos, con condiciones que les permitan cumplir con su tarea con calidad y dignidad. Deben tener derecho a la movilidad funcional, una jubilación oportuna y una pensión justa, como cualquier otro trabajador. Pero bajo ningún pretexto pueden eliminarse derechos colectivos a discreción de la autoridad política en turno.
En este contexto, es indispensable reconstruir una forma de sindicalismo público que no sirva de instrumento mediático del gobierno, ni se limite a la defensa de intereses corporativos. El sindicalismo debe recuperar su raíz política y popular, vincularse decididamente con las luchas de los sectores sociales, y asumir una agenda común de resistencia.
Esa agenda debe incluir hoy: la defensa irrestricta de los servicios públicos esenciales, particularmente en la salud y educación; la oposición frontal a la instalación de bases militares extranjeras; la denuncia de las reformas penales que criminalizan la pobreza y colocan a niños, niñas y adolescentes en el banquillo de los acusados; y la exigencia de transparencia en compras públicas, frente al avance de la contratación directa con fundaciones y transnacionales.
Estas banderas no son sectoriales, son nacionales. No representan solamente a los trabajadores del Estado, si no a todo el pueblo que sufre las consecuencias del despojo neoliberal. Por eso, insistimos: ninguna lucha aislada triunfará por si sola. La unidad popular se construye sobre principios y prioridades, no sobre privilegios.
No caigamos en el juego del gobierno, que busca fabricar enemigos internos para desviar la atención de sus verdaderos objetivos. Tampoco excluyamos a nadie del frente común por la transformación, pero sí exijamos con firmeza un sindicalismo honesto, comprometido y profundamente articulado a la lucha por una patria soberana, democrática y justa.
Todos a las calles, en defensa de lo público y no de los privilegios, en defensa de nuestra niñez y juventud, en defensa de la soberanía, construyendo una alternativa popular y revolucionaria.
