Un nuevo fracaso se dio este domingo en el intento por alcanzar un acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y los sindicatos que ponga fin a los 50 días que se cumplen de huelga, la más larga que ha vivido el país centroamericano en casi dos décadas.
La protesta comenzó el pasado 10 de septiembre con una manifestación en San José, en contra de la reforma financiera que quiere aprobar el gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, y que se tramita e el Congreso. Según los trabajadores esta reforma tributaria llegaría a empobrecer a la clase media y bajada del país.
Desde entonces, se han sumado personas de múltiples sectores y producido concentraciones en diversas partes del país. Esta medida fue convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos -ANEP- y el Bloque Unitario Social y Sindical costarricense -BUSSCO- que aglutina a decenas de organizaciones gremiales de Costa Rica.
El proyecto de ley plantea la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar. Contiene, además, una regla fiscal para controlar el gasto y reducciones en pluses salariales en el sector público como las anualidades y modificaciones en otros que se otorgan por rendimiento el trabajador.
El Gobierno argumenta que el “combo fiscal” es urgente para paliar un déficit en las finanzas públicas, que en 2018 superó un 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que según el Banco Central podría llegar hasta un 8 por ciento en 2019 si no se adoptan medidas de contención.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP, ha manifestado “que no es justo que se cargue al pueblo y se le responsabilice de un déficit fiscal que no tiene la culpa”, añadiendo que han exigido un diálogo en torno al paquete de impuestos que se quiere implementar, “como está concebido, golpeará los bolsillos de los trabajadores y no tocará al gran capital”, aseveró.
Actualmente una cuarta parte de los costarricenses es afectada por la pobreza y un nueve por ciento por el desempleo, según datos oficiales.
