La Asamblea Nacional aprobó la Ley para fortalecer los sectores de minería y energía y, como se ha vuelto costumbre, el gobierno nacional utiliza su aparato mediático para generar relatos alejados de la realidad. Desde meses atrás ha querido instalar en la mente de los ecuatorianos que uno de los principales impulsores de la minería ilegal es la falta de mecanismos que permitan el desarrollo de la minería “legal” y “controlada”. Bajo este paradigma, el gobierno ha venido trabajando en el ajuste institucional y en acuerdos con empresas privadas extranjeras para facilitar la expansión de la minería, sin generar un debate claro y amplio sobre las implicaciones que esto tiene para el país, sino más bien garantizando las condiciones para que la familia presidencial sea la única beneficiada de este proceso.
La aprobación de la Ley es parte de un plan estructurado para aumentar la explotación minera en contra de las propias normas nacionales y limitando la participación amplia de todos los sectores en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, pero que además no topa o soluciona los principales problemas del sector, como por ejemplo la recaudación, el ajuste soberano y otros. Los temas más visibles y de mayor preocupación para los países los acuerdos firmados meses atrás con empresas mineras canadienses o el firmado por los gobiernos de Ecuador y EE. UU. para el financiamiento de proyectos relacionados con minerales críticos —como litio, cobalto, níquel y cobre— y las tierras raras (17 elementos como neodimio o disprosio) que son claves para vehículos eléctricos, energías renovables y tecnología avanzada. Este último acuerdo, que no ha sido socializado y se ha manejado de forma poco transparente, no puede dejar de entenderse desde una mirada geopolítica relacionada con la violenta arremetida de EE. UU. que de forma unilateral ha impuesto su papel, como el país dueño de la región tratando de limitar la influencia de China.
Hace menos de 6 meses el gobierno realizó cambios institucionales significativos para el sector, unificó el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas sin ningún criterio técnico, limitando y debilitando áreas esenciales como la gestión del cambio climático, el control ambiental y la protección del patrimonio natural por el fortalecimiento del sector minero. En conjunto, los cambios estructurales han respondido a una estrategia para operativizar y poder cumplir con las demandas de los monopolios internacionales en beneficio de las oligarquías nacionales y, sobre todo, de la familia Noboa, profundizando los problemas en los territorios afectados por la minería y permitiendo el aumento de la minería ilegal y las economías criminales. Es fundamental denunciar que las principales mineras para la prospección, exploración y explotación son las empresas extranjeras Silvercorp y Condor Mining, ambas empresas tienen como socio estratégico nacional al Grupo Nobis.
Esta Ley más allá de solucionar los problemas fundamentales del sector minero, los profundiza, ya que no establece procesos que permitan una mejor regularización y control, respecto a cuánto realmente se está explotando y cuánto está recaudando el país, no mejora la recaudación, ni mejora el cálculo de las regalías, mucho menos el ajuste soberano, generando un perjuicio económico, social y ambiental al país. El art.408 de la Constitución, determina que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota, de acuerdo al mecanismo fiscal constitucional que asegura que el Estado reciba un mínimo del 52% de los beneficios totales generados por un proyecto minero. En ese sentido, no existe control sobre el concentrado que sale del país por parte de las empresas minera “legales”, no tenemos laboratorios para verificar los metales que constan en los contratos de exploración de las empresas mineras (oro, cobre, plata) que salen del país, muchos menos los otros metales que podrían estar dentro de los concentrados. Es decir, en la actualidad el país asume los problemas sociales y ambientales y no recibe lo que económicamente le corresponde por sus recursos naturales. Y ahora además se pretende profundizar estos problemas con una Ley que permite una desregularización y una falta de control efectivo.
Así, la Ley limita el control, cambiando los tiempos para los procesos habilitantes para la explotación. El artículo 4 de la reforma planteada, reemplaza la autorización técnica por declaraciones juramentadas, elimina las licencias ambientales por permisos ambientales, establece un tiempo de silencio administrativo como una aprobación y permiso para la empresa minera, con concesiones de hasta 30 años. Aumenta y permite la militarización de territorios a través del artículo 13 en donde el gobierno tiene la potestad de establecer zonas de aprovechamiento sustentable, destruyendo además la consulta libre previa e informada, la voluntad de los territorios afectados violando la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, profundizando las brechas y la violencia estructural vivida por los pueblos ancestrales e indígenas del Ecuador. El gobierno ha querido presentar la Ley como una ley que permite la protección en las islas Galápagos, sin embargo, no prohíbe expresamente la explotación minera y permite la explotación de materiales áridos y pétreos. Los problemas no se limitan a los temas ambientales, sino además en materia de recaudación y en distribución de las ganancias cambia la fórmula de cálculo eliminando el 30% fijo destinado a los territorios en donde se generan los procesos de explotación.
Es decir, la Ley solo respalda a las empresas mineras internacionales y sus socios locales. El aumento de la minería además va a profundizar conflictos territoriales, desplazamientos, pasivos ambientales y un país como el nuestro en donde las economías criminales han invadido y dominado la política, la policía, militares esto los sectores de seguridad generará un aumento de la presencia de los sistemas criminales que están en un proceso de descentralización de sus mercados y de reorganización internacional para garantizar el lavado de activos asegurando un sector que supera el control estatal. Es fundamental construir una alternativa económica que no responda a los intereses oligárquicos y de los monopolios internacionales, el gobierno de Noboa tiene como único objetivo responder a los intereses del imperialismo norteamericano y fortalecer sus ganancias e intereses propios en detrimento de las condiciones ambientales y sociales del pueblo ecuatoriano.
Partido Comunista Ecuatoriano.
