La reciente invasión y bombardeo al pueblo venezolano, coronada con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, constituye una afrenta histórica al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y a los principios elementales del derecho internacional humanitario. Es la manifestación más cruda del nuevo rostro del imperialismo estadounidense, cuyo eje central ya no es solo la diplomacia coercitiva y el chantaje económico, sino la violencia militar directa como instrumento central de dominación geopolítica y de saqueo de recursos naturales.
Desde una óptica marxista-leninista, el imperialismo es la etapa superior del capitalismo monopolista en decadencia, caracterizado por la fusión entre capital financiero y el Estado para asegurar la hegemonía global, los mercados y el acceso ilimitado a las materias primas. Como advirtió Vladimir I. Lenin, “el imperialismo es capitalismo en fase de descomposición, donde la competencia por la acumulación de capital conduce inevitablemente a la guerra y la dominación”. Esta fase se expresa no solo en sanciones, bloqueos o intervenciones indirectas, sino en ataques militares directos sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Este nuevo impulso imperialista se articula con un discurso que busca ocultar sus objetivos reales tras eufemismos como “lucha contra el narcotráfico” o “aplicación de la ley”, pero la verdad es más cruda: la codicia por el petróleo y otros recursos naturales, dado que Venezuela atesora las mayores reservas de petróleo probadas del planeta, con más de 300 mil millones de barriles, junto a otros recursos estratégicos, lo que la convierte en un objetivo geoeconómico clave para las grandes potencias capitalistas.
Este fenómeno no se limita a Venezuela. El imperialismo norteamericano ha mostrado de manera evidente su desesperación por mantener su hegemonía global mediante el control o la influencia directa sobre territorios ricos en recursos. Este saqueo estructural no es nuevo: desde la Doctrina Monroe hasta las intervenciones en Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos ha constituido históricamente a América Latina como un “patio trasero” al servicio de sus intereses expansionistas.
Asimismo, el uso de la fuerza bruta se ha globalizado de formas preocupantes. El imperialismo occidental, liderado por Estados Unidos y el sionismo internacional, ha perpetrado atrocidades masivas en Gaza, violando repetidamente el derecho internacional humanitario, bloqueando territorio y causando sufrimiento extremo a la población palestina bajo pretextos de “seguridad” o “lucha contra el terrorismo”. La política de genocidio encubierto en Gaza y las acusaciones internacionales de crímenes de guerra representan otra formulación de la lógica imperial: la violencia sistemática contra pueblos que resisten la subordinación.
Este violento reordenamiento del derecho internacional en favor de la “fuerza política” revela que las normas, tratados y cartas internacionales solo cuentan cuando coinciden con los intereses hegemónicos del capital financiero. Cuando los intereses geoestratégicos chocan con estos principios, la legalidad internacional es desechada, y el criterio de “quien tiene el fusil manda” prevalece.
La amenaza que representa este nuevo rostro del imperialismo no se limita a Venezuela. La administración estadounidense ha planteado explícitamente la posibilidad de operaciones similares en países vecinos como Colombia, México o incluso Cuba, con explícitas declaraciones que insinúan intervenciones bajo pretextos diversos y con el claro objetivo de asegurar posiciones económicas y políticas en la región.
Estas acciones evidencian que la crisis estructural del capitalismo lleva a potencias dominantes a emplear todos los medios, incluida la violencia militar directa, para mantener su supremacía económica y política a nivel global. El derecho internacional, cuando es invocado, sirve como pantalla para legitimar actos que constituyen exacciones imperialistas en detrimento de los pueblos y de su autodeterminación.
La respuesta de los pueblos y de los movimientos populares del mundo debe ser clara y firme: no basta con la condena; es necesario fortalecer la solidaridad internacionalista, la unidad de las y los trabajadores y las clases populares y la construcción de mecanismos alternativos de cooperación entre naciones que resistan el chantaje imperial. El marxismo-leninismo ofrece un análisis crítico y una brújula estratégica para entender estas agresiones como producto de un sistema en descomposición cuyo colapso acelerado multiplica la violencia como método político.
La autodeterminación de los pueblos no es un ideal abstracto, sino un derecho histórico que se conquista mediante la lucha organizada contra las oligarquías domésticas y la hegemonía imperialista. Solo desde esa perspectiva podremos enfrentar, denunciar y derrotar las formas modernas de dominación que buscan transformar la riqueza y soberanía de los pueblos en botín del capital transnacional.
