Mirar desde la técnica la sostenibilidad del fondo de pensiones de la seguridad social, lleva inequívocamente a identificar problemas relacionados con los cambios demográficos (cada vez población de más edad y un creciente número de pensionistas) y con las fuentes de financiamiento (cada vez menos aportantes; un subsidio estatal insuficiente por su cálculo además de que arrastra deudas; y, rendimientos de inversiones que no pueden utilizarse de forma inmediata). Lo que lleva a los técnicos a buscar soluciones de sostenibilidad financiera mediante reformas, dentro de los límites de esos cambios demográficos y de esas fuentes de financiamiento, acompañados de cambios en el sistema de administración de los fondos. Los análisis publicados y las cifras manejadas, dan cuenta de la necesidad de reformas urgentes para los próximos años, que permitan mantener el pago de pensiones a las y los jubilados de la seguridad social. Hasta ahí, no hay duda, se requiere tomar decisiones muy importantes para mantener la garantía constitucional del derecho a la jubilación.
A través de medios digitales, la comisión conformada por Guillermo Lasso, en enero de este año, para la formulación de una propuesta no vinculante de reforma al sistema de pensiones, que tiene al frente al Ec. Augusto de la Torre, ex funcionario del Banco Mundial, ha dado a conocer los “consensos” que perfilan el informe base para un eventual proyecto de ley. Entre tales consensos se señalan: terminar con la jubilación patronal, flexibilizar los esquemas de afiliación, cambiar la edad de jubilación (y es fácil entender que se refieren a aumentarla), crear opciones de ahorro individual.
Pero la técnica y los límites de las variables con que se analiza el problema de insostenibilidad, reducen las posibles alternativas al marco legal específico, ignorando deliberadamente el carácter integral del abordaje al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. La tasa de participación en el mercado laboral no demuestra significancia favorable, al igual que la disminución del desempleo y, por otro lado, el subempleo, el trabajo no remunerado y otras formas de empleo no pleno siguen siendo la formas de supervivencia de la aplastante mayoría de hombres y mujeres del país.
La cacareada reactivación económica postpandemia, para la cual se han dedicado leyes condescendientes con el gran capital, no alcanza a los sectores populares; tanto así, que el sector de trabajadores informales han disminuido sus ingresos, al comparar los años 2021 y 2022. Esta barbarie social contrasta con el incremento del PIB, demostrando una vez más la persistencia de la explotación y la acumulación de riqueza en un pequeño sector de la población… sí, ese mismo sector al que le interesa la total eliminación del impuesto a la salida de divisas, la flexibilización de las relaciones laborales, la remisión tributaria y todo aquello que mejora las ganancias y la acumulación.
Garantizar el derecho a la jubilación universal requiere abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones en clave integral, de lo contrario las reformas que los neoliberales propongan solo se limitarán a afectar a las y los trabajadores que cuentan con llegar a tener una jubilación digna. Todo en nombre del capital y de sus poderosos pero poquísimos poseedores.
El Partido Comunista Ecuatoriano rechaza las pretensiones de reformas que allanen el camino de formas tapiñadas de privatización de la seguridad social, de poner en los hombros de las y los trabajadores la carga de financiar las pensiones, cuando ya han trabajado toda su vida para aquello, mientras las ganancias siguen mejorando los indicadores macroeconómicos sin correspondencia en el bienestar de la población generadora de la riqueza.
NO a la reforma neoliberal del sistema de pensiones. La sostenibilidad del sistema exige justicia social, respeto a los derechos de las y los trabajadores y técnica libre de los intereses de los organismos multilaterales y sus acólitos nacionales.
Marzo de 2023
Secretariado del Partido Comunista Ecuatoriano
