La educación juega un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Tras años de lucha de jóvenes y diversidades se han logrado avances significativos en la incorporación de políticas educativas que garanticen el respeto a la diversidad y la prevención de la violencia en las aulas. No obstante, entre enero de 2020 y junio de 2024, el Ministerio de Educación reportó 2.827 casos de violencia sexual en el sistema educativo, cifra que asciende a 6.516 si se considera la última década, según Human Rights Watch. La situación es aún más preocupante para las diversidades sexuales: un estudio de la Universidad San Martín de Porres y PreviMujer indica que 4 de cada 10 estudiantes LGBTI en Ecuador han sido víctimas de violencia al menos 15 veces durante su vida escolar.
Las agresiones provienen de todos los niveles dentro del sistema educativo: docentes, autoridades, conserjes, personal administrativo, compañeros de clase e incluso transportistas. En muchos casos, la discriminación basada en género ha servido como pretexto para negar el derecho a la educación, restringiendo las libertades de las infancias. Pero el derecho a la educación no se reduce a estar presente en un aula: debe garantizarse un entorno seguro y digno para el desarrollo integral de la niñez y la juventud.
Ante esta realidad, la Corte Constitucional del Ecuador, en noviembre de 2024, ordenó al Ministerio de Educación diseñar un protocolo de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes, basado en la guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Esta sentencia fue un logro de años de lucha de organizaciones juveniles, feministas y de diversidades, que han denunciado la violencia sistemática y la exclusión dentro de las escuelas.
Sin embargo, en lugar de cumplir con este mandato constitucional, la Ministra de Educación (Alegría Crespo) ha declarado que no implementará estos protocolos, alegando que responden a una supuesta “ideología”. Este discurso no sólo ignora la obligación del Estado de garantizar espacios seguros para la educación, sino que refuerza una agenda reaccionaria que busca perpetuar las estructuras de opresión y desigualdad.
Implementar protocolos de prevención no es un capricho ni un debate ideológico, sino una medida urgente para reducir abusos, acosos y garantizar entornos educativos seguros. Las aulas no pueden ser espacios de miedo y violencia, especialmente cuando se trata de la infancia y adolescencia, una etapa crucial para la formación de cada persona.
La discriminación y la violencia en las aulas no son hechos aislados, sino manifestaciones de un sistema capitalista y patriarcal que busca naturalizar la opresión y reforzar la división heteronormativa como mecanismo de control social. Por ende, la postura de la ministra desinforma a la población y contradice años de avances en pedagogía y lucha social.
Por todo esto, las Juventudes Comunistas Ecuatorianas rechazamos firmemente las declaraciones de la Ministra de Educación y exigimos el cumplimiento inmediato de la sentencia de la Corte Constitucional. No permitiremos que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean arrebatados por intereses políticos y sectores reaccionarios. Nos mantendremos en pie de lucha, defendiendo cada conquista y avanzando hacia un modelo educativo verdaderamente emancipador.
¡La educación es un derecho, no un privilegio del conservadurismo!
COMISIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES- PCE
