Desde los últimos años, se encuentra en el orden del día el debate sobre los derechos humanos y la criminalización de la protesta social en el Ecuador.
Casos como los 10 del Luluncoto, Grupo de Combatientes Populares (GCP), la “detención” de estudiantes y profesores de varios colegios tras “protestas estudiantiles” o sobre la supuesta persecución a representantes del sector indígena como Cléver Jiménez, Salvador Quishpe, Carlos Pérez, entre otros, forman parte de todas estas opiniones.
Todos los sectores de oposición, promulgan que en Ecuador no hay libertad para organizarse, que no se respetan los derechos humanos, que existe una persecución a los dirigentes que no piensan igual que el régimen, que no hay libertad de expresión y sobretodo en Ecuador se está viviendo una dictadura.
Estas son muchas de las acusaciones, que se han realizado, sin embargo, hasta el momento sin ningún tipo de fundamento o prueba concreta.
Todos los actos, que intentan calificar como “persecución política”, se caracterizan como hechos vandálicos y de violencia. Actos ilegales, flagrantes.
Como no es casualidad, la pseudo-izquierda, representada por el extinto MPD, estuvo y está presente en todos estos hechos que mediante el uso de la violencia, generan un ambiente de miedo en toda la ciudadanía. Se conoce bien la historia de estos grupos, para quienes su principal arma, no ha sido el debate de ideas, sino la “política de garrote”. Solo basta revisar la historia y ver cómo han participado en varias agresiones a dirigentes y ciudadanía, que simplemente no han compartido sus ideas de hacer “política”.
¿Olvidó el MPD – PCMLE, que militantes y simpatizantes participaron en la persecución política y asesinato del Secretario General de la Juventud Comunista del Ecuador en el año 2010?
En los últimos actos de violencia, se ha podido evidenciar que -nuevamente- estos “blanquistas” que caen en el anarco-terrorismo y en unidad con la derecha, están provocando violencia en las manifestaciones. Su objetivo provocar heridos, detenidos, inclusive muertos para enarbolar su discurso y sentenciar, que en el Ecuador se “criminaliza la protesta social”.
En nuestro país, nunca ha sido aprobada la tortura, la desaparición forzosa, ni la ejecución extrajudicial como forma de investigación, sin embargo, en distintos gobiernos como por ejemplo de León Febres Cordero, los famosos escuadrones volantes, eran utilizados para perseguir, desaparecer y amedrentar a la ciudadanía. Uno de los casos más conocidos fue a los integrantes del grupo de los Alfaro Vive Carajo (AVC) vilmente torturados y asesinados.
Es inconcebible que ahora se hable de una criminalización de la protesta social.
Es necesario entender la historia, para denunciar claramente dónde existieron violaciones a los derechos humanos.
Durante este gobierno, en todas las acusaciones realizadas por la oposición, se ha llevado el debido proceso judicial y se les ha garantizado los derechos humanos, como reiteradamente han recalcado personajes pro-derechos humanos y de amnistía internacional. ¿Es aquello violación de los derechos humanos?
Es alarmante que estos grupos, hayan convertido la violencia como el fin mismo de sus reivindicaciones sociales y con ello manipular a distintos sectores indígenas y trabajadores. Es evidente, que estas “cúpula políticas”, se encuentran influenciadas por los intereses de los grupos oligárquicos, y subordinados al imperialismo, cuyo objetivo, es conspirar y desestabilizar la democracia en el país.
En la coyuntura actual, se han generado los espacios de dialogo y debate, sin presencia de quienes hablan de persecución, espacios que deben ser aprovechados por la ciudadanía, que con sus ideas y opiniones construyan el Poder Popular, para que el procesos que vive nuestro país, sea radicalizado e irreversible.
La acertada combinación de todas las formas de lucha nos lleva este momento a la imperativa necesidad de construir poder popular y rechazar el manejo descontextualizado e injustificado de la violencia.
Quito, agosto de 2015
