El 19 de febrero de 2025, Daniel Noboa anunció su propuesta de permitir el ingreso de fuerzas armadas internacionales bajo el pretexto de combatir el crimen organizado transnacional. Además, instó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre la reforma del artículo 5 de la Constitución, que actualmente prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.
La estrategia que el Noboa plantea en el país responde a las lógicas de la doctrina de “seguridad nacional”, ideadas desde los años 80s, y aplicada bajo diversos contextos en nuestros territorios, la excusa del combate al narcotráfico ha resultado en la punta de lanza del intervencionismo americano en la región. Recordemos que esta situación ocurre en el marco de un país azotado por el avance de la violencia producto de las actividades del narco, que permea todos los niveles de gobierno, como por ejemplo controlando la UAFE que se supone es el ente encargado de regular el lavado de activos. De igual manera, con un gobierno salpicado de funcionarios vinculados a estructuras criminales, desde las fuerzas de seguridad hasta el personal administrativo, de justicia, etc.
El gobierno de Daniel Noboa, varias veces se excusó de los problemas del narcotráfico para imponer al pueblo medidas antipopulares que no han servido para solucionar el problema real de inseguridad. Recordemos que:
- Subió el IVA al 15%, cargando la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.
- Gastó millones en una consulta popular con la finalidad de reformar la Constitución, que hoy nuevamente se propone que sea modificada.
- Mintió sobre el “Plan Fénix”, que nunca existió como estrategia real contra el crimen, sino como una cortina de humo mediática.
- Militarizó el país y declaró Estado de Emergencia: que sirvió para aumentar el poder de las fuerzas armadas en contra de las clases empobrecidas y racializadas tal como se evidencia con los 4 de Guayaquil.
- Nombró un Ministro del Interior vinculado a Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs), cuya trayectoria evidencia conexiones con sectores que operan al margen de la ley. Además, su formación y entrenamiento en el exterior responden a intereses ajenos a la soberanía nacional, alineándose con estrategias de militarización impulsadas por potencias extranjeras.
La intención de permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país confirma que este no es un plan de defensa, sino una estrategia de sometimiento. La historia nos ha enseñado que la presencia de tropas extranjeras no combate el crimen, sino que refuerza el dominio de los intereses imperialistas sobre la región, facilitando la injerencia política y económica.
Se nos quiere hacer creer que el problema de la violencia y el narcotráfico en Ecuador se resuelve con más fuerza y presencia extranjera, cuando en realidad la crisis es el resultado de un modelo económico dependiente y corrupto, que beneficia a mafias y oligarquías locales e internacionales.
La Asamblea Nacional no puede aprobar esta medida, ya que se volvería cómplice de la descomposición del país. Sin una política criminal real, basada en la transformación estructural, cualquier reforma en materia de seguridad sólo servirá para aumentar la violencia y la dependencia extranjera.
El problema de la inseguridad y el crimen no se resolverá con más intervención extranjera ni con medidas neoliberales que empobrecen a la población. La verdadera solución radica en:
- Defender la Constitución del 2008 que defiende nuestra soberanía y limita el poder.
- Recuperar el control del Estado sobre los sectores estratégicos y eliminar la influencia de las mafias empresariales en el aparato gubernamental.
- Desmantelar las estructuras de corrupción que vinculan a políticos, banqueros y fuerzas de seguridad con el narcotráfico.
- Construir una economía soberana que garantice empleo digno y servicios básicos, reduciendo las condiciones que alimentan la delincuencia.
- Fortalecer la organización popular y la autodefensa del pueblo trabajador, evitando que la seguridad sea utilizada como excusa para el control militar de la sociedad.
El pueblo ecuatoriano debe rechazar este intento de sometimiento y exigir una política de seguridad soberana, basada en la justicia social y la autodeterminación. El camino no es la militarización al servicio del imperialismo, sino la organización revolucionaria para derrocar este sistema podrido y construir un Ecuador verdaderamente independiente y socialista.
