Según los cables filtrados por Wikileaks, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, la presión de EE.UU y su embajada en Ecuador logró por medio de artilugios políticos mantener el contrato que existía entre Ecuador y la OXY, todo a la vista y aprobación de un gobierno. Luego de declarar la anulación del contrato con la Oxy, la presión de EE.UU. recayó sobre este gobierno timorato que rectificó “El inminente riesgo apresuró a Gutiérrez a tomar la decisión y ordenar a su ministro de Energía, Eduardo López, que bajo ninguna circunstancia debe declararse nulo el contrato”.
“Lo cierto es que en la semana del 13 de abril, la embajadora reporta con particular satisfacción los avances para resolver el tema OXY, producto de una reunión con autoridades del Gobierno y el propio Pozo, pero además comenta que el presidente de OXY Ecuador y gerente general, Jerry Ellis, dijo que OXY ha dado “generosas” ofertas para los funcionarios de gobierno”. Había dicho “vamos a seguir presionando para el diálogo y la acción. OXY ha demostrado la buena fe en la provisión de ofertas sólidas para los funcionarios. Somos cautelosos acerca de la idea de buscar la aprobación del Congreso, hay que esperar a cruzar ese puente hasta que se alcance un acuerdo. Si bien hay muchos detalles por resolver, este es el mayor progreso que hemos visto sobre el tema en mucho tiempo”.
Occidental es una multinacional que tiene sede en Estados Unidos, y su sede de acciones se encuentra plasmada en California. La actividad principal de esta multinacional es realizar exploración, explotación y mercadeo de petróleo y gas natural. En Ecuador entró a explorar y explotar yacimientos de petróleo a partir del año de 1995. Para el año de 1997, que es el año en el que la OXY se encontraba explotando yacimientos en países como Ecuador o Yemen, dicha empresa poseía reservas de 1.310 millones de barriles de petróleo (más del doble de la Reserva Federal de Estados Unidos estimada en 570 millones de barriles)
Con estos antecedentes, la multinacional y el imperialismo, tuvo una representación no tan sólo de tinte comercial, sino de carácter político, que como queda comprobado y se sustentó en base a convenios con gobiernos neoliberales.
Las repercusiones de esas acciones se las ve en este tiempo, tal es así, que luego de nueve años de disputas jurídicas en el exterior, ejercidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, lamentablemente este lunes 2 de noviembre de 2015 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó que Ecuador debe pagar la cantidad de $ 1.061 millones de indemnización a la multinacional OXY.
Seis años han pasado desde que Ecuador declaró caduco el contrato con Occidental, bajo el argumento de que “violó la ley de Hidrocarburos al no informar sobre la transferencia del 40% de las acciones del bloque 15”. Pero la caducidad del contrato estaba establecida en el artículo 69 del contrato firmado bajo la Ley de Hidrocarburos en donde se explica que “no se podía transferir acciones sin informar a Ecuador y cuya acción provocaría la caducidad del contrato suscrito”.
En ese sentido no es procedente el dictamen del CIADI, ya que el hecho de la caducidad del contrato se produce cuando la OXY decide transferir acciones a ENCANA, una desaparecida petrolera canadiense, las operaciones en los campos petroleros se encontrarían a cargo de AEC y OXY otorgaba a AEC un interés económico del 40% en la parte de la producción de bloque 15 que le corresponde a OXY. Así también la OXY le entregaría a AEC un título de transferencia de acciones.
Resulta contradictoria la indemnización que debe cancelar el Estado ecuatoriano a la OXY, ya que en material legal están establecidas claramente las condiciones por las cuales se establecía caduco el contrato. Pero si a más de esos sumamos las repercusiones ambientales de la multinacional en el país ¿quién nos queda debiendo?
Al respecto el presidente Rafael Correa ha dicho que “la decisión del CIADI no fue unánime pues uno de los miembros, la profesora Brigitte Stern, dictó una enérgica opinión disidente, que dice que la Oxy debió haberse otorgado solo el 60% del valor de la indemnización porque el 40% está en manos de una empresa china que no está cubierta por el acuerdo. Además, contempla otros descuentos que disminuirán el pago sustancialmente”
Así también el gobierno ha dicho que apelará el laudo y anunció que el equipo del Estado está definiendo las medidas. En ese sentido la respuesta que ha dado el país es totalmente soberana, y adecuada para la situación que debe pasar. La larga noche neoliberal todavía deja secuelas de lo que fue, pero estamos seguros que con decisiones soberanas y capaces de demostrar la verdad el país seguirá encaminándose a la construcción de una nueva historia.
El Presidente Correa ha manifestado su indignación respecto al fallo del CIADI, y al mismo tiempo ha reconocido que este infausto final tiene también como cómplices a los gobiernos anteriores, quienes fueron los que comprometieron al Ecuador con la suscripción de los Tratados Bilaterales de Inversión.
Ante este escenario el Partido Comunista Ecuatoriano expresa:
- A pocos días de aprobada la ley de incentivos APP, queda clara la necesidad de mantener cualquier arbitraje extra-nacional circunscrito en el ámbito latinoamericano.
- El laudo emitido por el CIADI da cuenta de los alcances y el poder de las transnacionales y del dominio que estas ejercen sobre las instituciones financieras y políticas internacionales, logrando incluso doblegar la soberanía de los Estados para salvaguardar los intereses corporativos de las transnacionales.
- Es preciso recordar al Gobierno Nacional que en su plan de gobierno textualmente señala a los TBI como: “instrumentos de las transnacionales para saquear al país por medio de obscuros procesos de arbitraje internacional.” Por lo que se torna urgente para el país retomar en la Asamblea Nacional el proceso de denuncia de los mismos.
- Por su parte, el Plan Nacional del Buen Vivir señala que: “Acuerdos como los del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), entre otros, estaban destinados a ser mecanismos imparciales e idóneos para emitir resoluciones neutras y apegadas a los marcos jurídicos existentes. Sin embargo, la constatación empírica dicta lo contrario, en tanto muchos países de América latina ya han denunciado en distintas instancias fallos que solo favorecen a las empresas –sobre todo extranjeras– y minan la soberanía de los Estados.” Ante esta realidad se torna necesario fortalecer las propuestas de complementariedad regional multilateral y de instrumentos jurídicos internacionales válidos como el Tratado vinculante que sancione a las multinacionales que violen los derechos humanos que impulsa nuestro país ante la ONU.
- Exhortar a todas las organizaciones patrióticas, democráticas y anti-imperialistas a denunciar y generar procesos de movilización social por la defensa de los intereses nacionales, independientemente de su agenda o posición política frente al Gobierno Nacional.
Partido Comunista Ecuatoriano
Quito, 06 noviembre de 2015
