El Presupuesto General del Estado, en su proforma 2026, asciende a 46.255,57 millones de dólares. De este monto, solo 21.679,91 millones se estiman como ingresos corrientes, lo que significa que el déficit real alcanza el 55 % del total del presupuesto.
El gobierno inepto y la complicidad de toda la Asamblea Nacional, tanto de quienes votaron a favor como de aquellos que, aun votando en contra, hoy guardan un cómodo silencio, van a llevar en 2026 a nuestro país a una de las crisis económicas más profundas de toda la historia nacional. En 2025, para maquillar los números, cambiaron la codificación presupuestaria; es decir, a última hora modificaron la proyección de ingresos para justificar la ejecución en el papel, pero dejaron de lado prácticamente toda la inversión en las carteras de Estado. Uno podría suponer que, al no haberse ejecutado esos recursos, el dinero debería estar en algún lado, pero la realidad es que no: no hay plata guardada.
Para 2026 la situación es aún peor. El ingreso de capital, es decir deuda y compromisos financieros, alcanza los 16.104,97 millones de dólares. De este monto, casi 8.000 millones corresponden a nuevos créditos con organismos internacionales como el FMI (monto similar al que se espera pagar en capital de créditos anteriores), y el resto proviene de la emisión de Bonos del Estado, es decir, papeles de intercambio sobre los cuales deberemos empezar a pagar intereses a los acreedores. A esto se suma un detalle adicional: una vez más serán los gobiernos autónomos descentralizados los obligados a realizar cruces de deuda de sus asignaciones mediante estos bonos, que luego deberán vender con descuento para poder garantizar liquidez inmediata.
Incluso con todo esto, faltan cerca de 9.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto. Para llenar ese hueco se ha previsto la monetización y venta de activos y capitales por 8.470,69 millones de dólares, para ser exactos. ¿Qué implica esto? Por un lado, la venta directa de activos físicos; por otro, la concesión y asignación anticipada de regalías mineras y petroleras, tal como consta en el justificativo de ingresos. Sin embargo, nada de esto es seguro: ante tal nivel de desesperación, las negociaciones o se hacen en perjuicio total del país, o, bajo la lógica del mercado, poca demanda y oferta forzada, los precios se fijan a favor del “inversionista” y en claro desmedro de la nación.
En definitiva, todo el país queda en prenda y, según el gobierno, la única alternativa es vender el país en pedacitos y dejar de gastar en “cosas innecesarias” como docentes, médicos, medicinas, hospitales, entre otros. Con este escenario se lo ponen más fácil: para cubrir el déficit resulta más conveniente concesionar y delegar, imponiendo modelos de gestión en los que el peso de los servicios recaiga directamente sobre el pueblo, que deberá pagar o resignarse a no acceder a ellos.
La solución es “sencilla”.
Primero, en Ecuador el peso del impuesto a la renta sobre el PIB es de apenas 4,5 % en promedio, mientras que en las economías que han logrado reducir drásticamente la pobreza este indicador alcanza alrededor del 15 %. Esto implica la necesidad de formalizar el empleo y cambiar las normas de recaudación para que los grandes grupos empresariales paguen el impuesto a la renta en porcentajes significativamente más altos. En números gruesos, una reforma tributaria radical podría implicar una recaudación adicional cercana a los 9.000 millones de dólares.
Segundo, la banca declara utilidades cercanas a los 1.000 millones de dólares anuales; estas deben nacionalizarse.
Tercero, no se deben vender activos ni entregar concesiones. Se deben establecer negocios soberanos que garanticen inversión con riesgo compartido, particularmente en el sector petrolero, fortaleciendo las empresas públicas. En el caso minero, hay que evitar cualquier concesión, retomar la empresa minera nacional y establecer esquemas de participación privada sin perder el control sobre los recursos, y, por supuesto, prohibiendo la explotación en zonas que generen daños graves e irreversibles a las fuentes de agua.
Finalmente, el pago aproximado de la deuda en 2026 asciende a 12.800 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones corresponden únicamente a intereses y el resto a capital. Frente a esto, es imprescindible declarar la moratoria del pago de la deuda e iniciar una renegociación soberana.
En resumen: 46.000 millones presupuestados menos 13.000 millones destinados al pago de deuda dejan un presupuesto efectivo de 33.000 millones. De ese monto, solo 22.000 millones están realmente financiados. Los 11.000 millones faltantes se pueden generar mediante el incremento del impuesto a la renta y la nacionalización de las utilidades de la banca. La venta de activos y la monetización se sustituyen por negocios de inversión soberana, que podrían generar ingresos extraordinarios no menores a 5.000 millones, destinados al pago de deuda interna y a inversiones que dinamicen la economía.
Con esto no se recurre a nuevos créditos y se avanza hacia la soberanía financiera. Evidentemente, esto que suena fácil no lo será, y no lo será porque los oligarcas dirán que es imposible o inviable. Pero la verdad es que esto se resume en sumar y restar, y si los empresarios no quieren jugar con esas reglas, que se vayan.
En definitiva, o se toman medidas revolucionarias o no se sale del hueco. La única posibilidad de mantener a flote a nuestro país antes de su quiebra es un gobierno revolucionario; del tiempo que nos tome establecerlo dependerá la profundidad de la crisis que tendremos que enfrentar.
