El gobierno de Daniel Noboa ha decidido quitarse definitivamente la máscara. Bajo el rótulo engañoso de la ley económica urgente “para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía”, el Ejecutivo impulsa una de las ofensivas más agresivas de los últimos años contra la soberanía, el territorio y el mandato popular del pueblo ecuatoriano.
No se trata de una reforma aislada ni de un ajuste técnico: estamos ante un proyecto político que busca profundizar el esquema de primarización de la economía y radicalizar el extractivismo metálico, convirtiendo al Ecuador en una mina gigante al servicio del capital transnacional.
La maniobra es doblemente perversa. Por un lado, el contenido de la ley vulnera principios constitucionales fundamentales y desconoce decisiones soberanas expresadas en las urnas, especialmente aquellas que han defendido el agua, la naturaleza y los territorios libres de minería. Por otro, el gobierno pretende que esta iniciativa sea tramitada como ley económica urgente, reduciendo los tiempos de debate legislativo y cerrando, en los hechos, cualquier posibilidad real de participación de organizaciones sociales, comunidades, colectivos ambientales y pueblos históricamente afectados por la minería. Es la política del hecho consumado.
Uno de los puntos más graves del proyecto es la reforma al artículo 26 de la Ley de Minería. Bajo la apariencia de agilizar trámites administrativos, se introduce una peligrosa figura parecida al silencio administrativo positivo que permitiría que, incluso cuando existan denuncias por vulneraciones al patrimonio natural, social o cultural, la falta de respuesta oportuna de la autoridad abra automáticamente el camino a la actividad minera. En un país donde los organismos de control han sido sistemáticamente debilitados y donde la institucionalidad ambiental ha sido vaciada de capacidades, esta reforma equivale a legalizar la impunidad extractiva. No se trata de eficiencia: se trata de facilitar la elusión de controles cuando más necesarios son.
A esto se suma la reforma al Capítulo III de la Ley de Minería, que redefine de manera regresiva el rol del Estado. Lejos de fortalecer la soberanía sobre los recursos estratégicos, el gobierno propone un esquema en el que los capitales transnacionales no solo pueden invertir libremente en proyectos mineros, sino que además se benefician del dinero público destinado a infraestructura clave para la actividad extractiva. El tendido eléctrico, el abastecimiento de combustibles y la infraestructura vial, pagados con recursos de toda la sociedad, pasan a funcionar como subsidios encubiertos para las grandes empresas mineras. Se socializan los costos y se privatizan las ganancias, profundizando un modelo de dependencia y saqueo que América Latina conoce demasiado bien.
Especial atención merece la disposición transitoria octava, que ordena la actualización del catastro minero. Detrás de este lenguaje aparentemente técnico se esconde una decisión política de enorme alcance: la ampliación del territorio potencialmente explotable. Actualizar el catastro no es un acto neutro; implica abrir nuevas áreas del país —muchas de ellas en zonas de alta biodiversidad, territorios campesinos e indígenas y, de manera alarmante, en zonas de recarga hídrica— a la lógica extractiva. En un contexto de crisis climática y de escasez de agua, esta decisión constituye una amenaza directa a la vida.
No es casual que el gobierno avance en esta dirección ignorando consultas populares, dictámenes constitucionales y la voluntad expresa de comunidades que han dicho no a la minería. La estrategia es clara: despolitizar el debate, reducirlo a cifras de inversión y promesas de empleo, y neutralizar la resistencia social mediante procedimientos acelerados y opacos. Pero la historia reciente demuestra que la minería transnacional a gran escala no ha traído desarrollo sostenible, sino conflictividad social, contaminación, dependencia económica y destrucción territorial.
Defender los recursos minerales del Ecuador no significa entregarlos de manera indolente y avariciosa, como propone Noboa. Defenderlos implica ejercer soberanía, planificar democráticamente su uso y, sobre todo, reconocer que existen límites que no pueden cruzarse. Entre esos límites está la defensa del agua, bien común irremplazable y condición de posibilidad de toda forma de vida. Un territorio minero es, casi siempre, un territorio con fuentes de agua amenazadas o destruidas.
Por ello, el momento exige claridad política y movilización social. El pueblo ecuatoriano está llamado a defender su territorio, sus fuentes de agua y su derecho a decidir sobre su futuro. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de rechazar un modelo que reproduce la dependencia, profundiza las desigualdades y sacrifica la naturaleza en el altar de la rentabilidad inmediata. Frente a un gobierno que quiere convertir al país en una mina gigante, la respuesta debe ser colectiva, consciente y firme: el Ecuador no se vende, el agua no se negocia y la soberanía no se entrega.
