Aunque la Constitución de 2008 reconoce que vivimos en un Estado democrático y que deben garantizarse los derechos de las personas a lo largo de todo el ciclo de vida mediante políticas públicas con prioridad para los sectores históricamente excluidos y vulnerables, así como el fortalecimiento de las capacidades estatales para producir y redistribuir la riqueza, en la práctica el gobierno neoliberal de Noboa hace caso omiso a este mandato y traza un rumbo de abandono progresivo y radical de sus responsabilidades. Se produce así una brecha cada vez mayor entre la letra constitucional y la realidad material que vive el pueblo.
Del análisis del Presupuesto General del Estado se desprende la ausencia de una estrategia soberana para garantizar derechos. Esta situación se agrava por la escasa inversión pública y una gestión presupuestaria deficiente que arrinconan cada vez más a la economía ecuatoriana. De mantenerse esta tendencia, se consolidará una crisis estructural que ya se manifiesta en el deterioro de los servicios públicos y en la pérdida de capacidad del Estado para atender las necesidades urgentes de la población. Sin recursos ni planificación, los derechos se transforman en declaraciones vacías.
El gobierno oligárquico administra un presupuesto sostenido en la deuda, destinando cerca del 30 % al pago de acreedores y reduciendo la inversión pública a menos del 5 %. Esto no es el resultado de un supuesto fracaso del modelo socioeconómico previsto en la Constitución; por el contrario, es consecuencia del abandono de sus principios, que en 2008 recuperaron la planificación estratégica orientada al desarrollo integral de la sociedad y colocaron la satisfacción de las necesidades humanas por encima de la rentabilidad del capital.
La violencia estructural que atraviesa la vida de las y los ecuatorianos responde a un programa de debilitamiento deliberado del Estado para justificar la creciente participación privada en la provisión de servicios. Un ejemplo es el desabastecimiento de hospitales públicos frente al aumento de ventas de farmacéuticas privadas. Lo que el gobierno presenta como dinamismo comercial evidencia, en realidad, la incapacidad —o la renuncia— del Estado a garantizar el derecho a la salud.
No se registran nuevas obras relevantes en los últimos años ni grandes inversiones destinadas a dinamizar la economía. El financiamiento público recae principalmente en impuestos regresivos como el IVA, mientras disminuye la recaudación sobre la renta. A la par, los grandes grupos económicos encuentran mayores facilidades para evadir tributos y acceder a políticas que aseguran inversiones de bajo riesgo y altas prebendas, sin generar empleo suficiente ni condiciones laborales de calidad. La redistribución prometida por el mandato constituyente queda, así, subordinada a los intereses de la acumulación privada.
La crisis, profundizada por la pérdida de soberanía, solo podría enfrentarse mediante medidas que obliguen a los sectores oligárquicos a tributar más sobre sus utilidades, fortalezcan el empleo adecuado y promuevan políticas soberanas de producción y comercialización. Pero tales medidas chocan de manera directa con el poder económico que hoy orienta al Estado y fija los límites de lo posible dentro del orden vigente.
Por ello, ninguna salida dentro del propio capitalismo aparece como verdaderamente viable. Cumplir de manera efectiva el mandato constituyente de garantizar derechos y redistribuir la riqueza exige transformar la correlación de fuerzas, y esa tarea solo puede realizarla un pueblo organizado, consciente y movilizado. La alternativa para la liberación nacional y el rescate del país es la construcción de un programa revolucionario que, apoyado en la organización popular, dinamice una economía al servicio de las mayorías, fortalezca las capacidades productivas y establezca formas de intercambio basadas en la solidaridad entre naciones.
Hoy más que nunca, la consigna de socialismo o barbarie mantiene plena vigencia y se convierte en definición programática para el futuro del Ecuador, no como consigna abstracta, sino como horizonte concreto que depende de la capacidad del pueblo para organizarse y disputar el poder.
c. Manuel Paredes Martínez
Secretario General
Comité Central
Partido Comunista Ecuatoriano.
