CORTE CONSTITUCIONAL Y ASAMBLEA NACIONAL: CÓMPLICES DE ENTREGAR LA SOBERANÍA
Rechazamos enérgicamente la complicidad de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional al permitir la venta de la soberanía ecuatoriana, al autorizar acciones militares con fines belicistas de los Estados Unidos en nuestro país y el uso de nuestras instalaciones militares y aeropuertos como bases itinerantes de las fuerzas estadounidenses.
Los Estados Unidos imponen una agenda de control político y militar sobre el Estado ecuatoriano, y ante esta situación, la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional se han convertido en cómplices y encubridores de la entrega de nuestra soberanía, un proceso que los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa han impulsado sistemáticamente.
En septiembre de 2022, el Congreso estadounidense aprobó la denominada “Ley Ecuador”, en la cual, de manera descarada, anuncian su intervención en el sistema judicial de nuestro país, especialmente en lo relacionado con la seguridad interna y externa. Bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y la “promoción de la democracia y los derechos humanos”, avanzan en la destrucción de nuestra soberanía, convirtiendo al Ecuador en una especie de base militar itinerante para, entre otras cosas, confrontar lo que ellos denominan “influencia extranjera maligna”, que afecta sus intereses.
En septiembre de 2023, la administración de Noboa firmó un acuerdo de cooperación militar en materia de seguridad, supuestamente para luchar contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas. Sin embargo, este acuerdo implica, de facto, operaciones militares conjuntas en aguas internacionales y en territorio ecuatoriano. Además, establece que el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil será una zona de reposo y abastecimiento para las aeronaves norteamericanas. La Corte Constitucional argumentó que dicho acuerdo no requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, olvidando que el propio Ecuador declaró un conflicto armado interno contra los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico. Por lo tanto, cualquier operación contra estos grupos se convierte en una operación militar y, en consecuencia, en parte de un conflicto bélico que sí requiere la aprobación de la Asamblea.
Asimismo, la Corte Constitucional dio luz verde a este acuerdo en enero de 2024 (Dictamen 9-23-TI/24), argumentando por mayoría que no se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que no se configuran las causales del artículo 419 de la Constitución. Sin embargo, en el voto salvado de los jueces Escudero y Ortiz, se dejó en claro que, por la naturaleza del acuerdo y en concordancia con lo que la misma Corte había determinado en el dictamen 7-23-TI/23 del 12 de julio de 2023, este sí constituye una alianza militar. Según dicho dictamen, se considera alianza militar cuando:
- Tiene como objetivo realizar actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados;
- Prevé la creación de una estructura orgánica mínima; o
- Establece la participación conjunta de miembros militares de dos o más países para responder a una amenaza de carácter militar.
En este sentido, el pleno de la Corte Constitucional se convirtió en la principal responsable de ceder ante los intereses de la oligarquía vendepatria, al permitir la firma de un acuerdo militar que viola los preceptos constitucionales, bajo la vaga excusa de “combatir” el narcotráfico. Un ejemplo paradigmático del fracaso de esta excusa es el Plan Colombia, que durante más de 25 años ha permitido la injerencia extranjera a través de bases militares en el territorio del hermano país.
La Asamblea Nacional, por su parte, mantiene un silencio cómplice al no ejercer sus atribuciones y funciones. Más grave aún, el 25 de febrero, reconoció como enemigos del Estado a los grupos delincuenciales que forman parte de la delincuencia organizada transnacional y exhortó al gobierno a ejecutar los convenios suscritos en materia de seguridad. Esto implica, entre otras cosas:
- Otorgar inmunidad diplomática a los militares estadounidenses;
- Permitir el uso de nuestras bases militares a tropas extranjeras;
- Autorizar la intervención militar conjunta contra los grupos considerados enemigos del Estado y aquellos involucrados en el tráfico de estupefacientes y de migrantes;
- Intervenir y atacar buques y naves, incluso aquellas que solo sean sospechosas;
- Detener embarcaciones con migrantes, intervenirlas y deportar a la población en tránsito;
- Exonerar de todo tipo de tributo, tasa o impuesto a las tropas norteamericanas.
En la misma línea, en octubre de 2024, la Corte determinó que la reforma del artículo 5 de la Constitución, que busca permitir el establecimiento de bases militares extranjeras, puede realizarse mediante una reforma parcial. Ante esto, la Asamblea ya debatió en primer debate este proyecto de reforma, que pretende dejar el artículo 5 con solo la frase “El Ecuador es un territorio de paz”, abriendo la puerta al ingreso sin restricciones de las fuerzas del imperialismo.
A todo lo anterior se suma la entrega de las Islas Galápagos como zonas de permanencia, ejercicio y práctica militar a favor de los Estados Unidos. En la práctica, y en contra de la Constitución, se permite el uso de instalaciones militares ecuatorianas y del territorio nacional para la construcción de emplazamientos militares. Es decir, han convertido a Galápagos en una base militar, regalando nuestra soberanía y poniendo en riesgo el patrimonio natural de las islas.
Detrás de todo esto está la necesidad de los Estados Unidos de contar con una base y capacidad de despliegue técnico en el extremo occidental para ampliar su capacidad de guerra contra los países de Oriente, que hoy representan un contrapeso al imperio norteamericano. Nos involucran en un conflicto que no nos pertenece y nos convierten en un objetivo militar. ¿Cuáles son las fuerzas extranjeras malignas a las que se refieren los Estados Unidos? Debemos suponer que son aquellas que son sus enemigos, no necesariamente los nuestros. Además, no podemos dejar de mencionar que el ingreso de soldados estadounidenses, conforme al acuerdo aprobado, los exime de ser juzgados por la justicia ecuatoriana.
Exigimos a la Asamblea Nacional la revisión de los convenios de seguridad firmados por el gobierno y la evaluación de sus efectos para salvaguardar nuestra soberanía. Rechazamos la pretensión de permitir bases militares extranjeras en Ecuador, defendemos a nuestros migrantes y excluimos al Ecuador de una guerra que no es nuestra.
La espuria Corte Constitucional, de igual manera, debe renunciar y someterse a juicio político por su complicidad y tibieza al no frenar las arremetidas que ponen en juego nuestra soberanía.
Convocamos a las organizaciones sociales y fuerzas populares a pronunciarse y tomar acciones concretas contra la intervención extranjera y en defensa de nuestra soberanía.
¡El Ecuador no se vende! ¡Nuestra soberanía se respeta!
Comité Central
Partido Comunista Ecuatoriano
