El Partido Comunista Ecuatoriano expresa su condena a la arbitraria detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Es injustificable que se adopten medidas privativas de libertad para un caso que se encuentra en fase de investigación, lo cual hace más evidente la persecución política.
Este hecho se produce en un contexto de creciente debilitamiento del marco institucional, en medio de escándalos como el de Godoy, y el nombramiento del apenas estudiante de derecho, Damián Larco, como presidente del Consejo de la Judicatura. Larco, hace dos años, fue delegado del SRI en el Gobierno de Noboa, en la época en que la deuda de la familia Noboa con el SRI descendió vertiginosamente. Esto deja al descubierto la nula independencia de funciones del Estado.
La acción mediática de privación de la libertad de Álvarez, quien ha sido opositor frontal de este Gobierno, busca instalar en la opinión pública una narrativa anticipada de culpabilidad, afectando no solo al derecho de presunción de inocencia, sino también la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Por tanto, exigimos que la administración de justicia actúe con estricto apego a la ley, sin presiones políticas, mediáticas ni intereses particulares; garantizando imparcialidad, transparencia y respeto irrestricto al debido proceso.
El gobierno neoliberal, cada vez más intolerante, atenta contra todo acto de denuncia y de protesta; así pretende anular a sus adversarios políticos, independientemente de su identificación ideológica.
Comité Central
Partido Comunista Ecuatoriano.
