Los procesos populares acontecidos en nuestra región que desembocaron en la conformación de gobiernos agrupados bajo la denominación de “progresistas”, y en específico en el Ecuador, la Revolución Ciudadana, sin lugar a dudas logró mejorar sustantivamente las condiciones de vida de millones de personas y permitió ampliar la concepción de desarrollo más allá de las perspectivas macroeconómicas y pensar a los gobiernos y a los Estados como instrumentos para la distribución de la riqueza y la regulación de los mercados, entre otras cosas.
Así, bajo el progresismo, en el país, se fortaleció la relación política entre las capas populares y los representantes políticos para la generación de consensos suficientes para la formulación de políticas públicas enfocadas en el acceso a servicios, el aumento de la capacidad de consumo de los hogares, es decir la construcción de una sociedad de mayor bienestar para sus pobladores.
No obstante, resulta cierto que la política distributiva desde el Estado requiere de recursos que repartir, los mismos que en el ciclo progresista regional provinieron del precio de las materias primas que nuestros países exportan y de mejoras en el sistema de recaudación fiscal, lo cual, en tiempos donde el neoliberalismo se planteaba como la opción única, resulta un avance trascendente en lo que respecta a la recuperación del papel del estado y el control a la evasión tributaria.
Sin embargo, pasados los años, el “proceso” de carácter nacional y popular decantó en la preocupación casi exclusiva por la administración del Estado y el fortalecimiento de una estructura partidaria representativa que puso énfasis en la arista electoral de su función social y se descuidó el fortalecimiento de estructuras del tejido social con capacidad de ser a la vez garantes de la continuidad del proceso, defensoras de los avances en materia social y críticas de la gestión como condición fundamental para su perfeccionamiento; hechos que, a la larga, repercutieron de manera significativa en el proyecto político, pues la disputa de la política se mantuvo formalmente en el plano electoral, pero simbólicamente la confrontación con la burguesía local y el imperialismo fue colocándose en el terreno del sentido común, entendido como la idea movilizadora del progreso individual y disociado del estado general de la nación.
A pesar de que la Revolución Ciudadana logró que sectores laborales plieguen al proyecto de gobierno, el elemento ausente fue la construcción de alianzas programáticas por fuera del Estado y la articulación real del bloque contra hegemónico capaz de enraizar el proceso en por fuera de los ciclos eleccionarios.
Es por esa razón, que el proceso político de la Revolución Ciudadana hoy se encuentra seriamente amenazado por la falsa asociación entre la pérdida del control del gobierno y la inviabilidad histórica de programas alternativos al neoliberalismo, o por la necesidad de “ablandar” las posturas programáticas al ritmo de los ciclos económicos; además del acecho mediático y económico con el que las élites han respondido a cualquier política heterodoxa por minúscula que parezca. Lamentablemente la gestión política no puede ser comprendida como una cartera de Estado sino como la primera necesidad de un proceso, incluso si establece como imperativo ético retomar postulados desvanecidos en el ejercicio del poder”
La transformación social debe operar en los ámbitos de la estructura y la superestructura de forma sistemática y paralela, de forma que la ralentización del avance en materia económica sea contrarrestado con el fortalecimiento de la conciencia social. Tal como decía Lenin: “Para que estalle la revolución no basta con que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes. Hace falta, además, que los de arriba no puedan seguir administrando y gobernando como hasta entonces”
La lección aprendida del ciclo progresista no solo la observamos en los retrocesos materiales en cuanto a la satisfacción de necesidades y garantía de derechos, sino también en la facilidad con la que las oligarquías han logrado desmontar del imaginario colectivo la idea que de otro mundo es posible, ante lo cual además observamos la fragilidad programática sobre la que se sostenían la tan ansiada gobernabilidad, que ha provocado la ruptura del bloque político del progresismo donde ninguno de los bandos gana, sino desmoviliza a la sociedad y vuelve contra sí mismo a quienes debían ser sus principales defensores.
A estas alturas, es indispensable comprender que no es fruto de la casualidad, ni de la realpolitik, sino un acto deliberado de quienes estuvieron y están al frente de las estructuras partidarias que gobiernan el país la negación del fortalecimiento político e ideológico de las masas populares. La situación política que atraviesa nuestro país no es consecuencia de una ridícula disputa entre el ex y el nuevo mandatario, sino respuesta a la ridícula e irresponsable, en términos históricos, creencia compartida por ambos de que tener el gobierno es suficiente para llevar adelante los cambios.
Hoy no se trata de que al interior del campo popular se dispute el rol de cheerleaders de una u otra administración, sino de volver a vernos entre nosotros y a nuestras militancias y aunque resulte complejo, utilizar el paso atrás para proponer los dos adelante que aún requerimos en la tarea de construir la patria de todos.
